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Imputan a dos empresarios por los vertidos tóxicos a un río de Barakaldo

posible delito medioambiental

Imputan a dos empresarios por los vertidos tóxicos a un río de Barakaldo

50 familias de Retuerto fueron desalojadas una semana por los efluvios contaminantes que se adueñaron de sus casas en agosto de 2003

06.05.10 - 02:47 -
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Cristina Crespo y Ana María Moya sufrieron irritaciones faríngeas, José Gabriel vómitos, Yolanda Alonso cefaleas... 140 familias del baracaldés barrio de Retuerto padecieron severas molestias el 29 de agosto de 2003 por los vertidos tóxicos emanados de la planta de Plastificantes Lutxana. Cincuenta incluso tuvieron que ser desalojados una semana por el riesgo de los efluvios contaminantes que se habían adueñado de sus casas. Siete años después, los responsables de la empresa serán juzgados por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud de las personas.
El juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo ha finalizado la recogida de pruebas sobre aquel episodio contaminante, que no fue el único ese año en la fábrica. La investigación también incluye otro incidente similar ocurrido el 22 de enero. Por todo ello, la magistrada ve indicios suficientes para abrir el juicio oral, que debe ser solicitado por el Ministerio Fiscal o las acusaciones, entre las que figuran los afectados, la asociación Lur Maitea y el propio Ayuntamiento.
El juzgado entiende probado que varios vecinos sufrieron lesiones achacables a aquellos vertidos. El más grave, el de agosto, lo causó una avería que derivó sustancias tóxicas a la red de aguas pluviales. El vertido saturó el proceso de depuración de la planta de Galindo y generó unas emanaciones tóxicas con especial incidencia en Retuerto.
La jueza concluye su exposición señalando a los «indiciariamente» responsables en ambos casos: el entonces director de la empresa, Juan María González, y el presidente de su consejo de administración, Francisco José Díaz. De hecho, ellos son los únicos imputados.
Decisión «insuficiente»
La portavoz de la agrupación ecologista, Consuelo Elosua, mostró ayer su satisfacción porque, «por primera vez en la historia de este país», una querella vecinal llevará a juicio a la Compañía Española de Petróleos (CEPSA), «dueña de Plastificantes Lutxana». Sin embargo, criticó el escaso número de imputados y hechos analizados. «Hay vertidos desde 1997 que el juzgado rechazó instruir y, además, la responsable no es sólo la empresa sino las instituciones que permitieron su actividad, léase Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco», protestó.
Ante esta situación, los vecinos recurrirán el auto ante la Audiencia Provincial. «A pesar de que la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe dice que limpió el suelo tras el cierre de la planta en 2004, sigue contaminado en cantidades escandalosas y hasta a nueve metros de profundidad», subrayó Elosua.
Esta postura, a su juicio, está avalada por dos informes «posteriores a la 'limpieza' de Ihobe», que detectaron sustancias tóxicas en el solar, «y que siguen allí, amenazando a la población». Ambos estudios son la base de otra querella de Lur Maitea que ha provocado que sean llamados a declarar como imputados el director de Ihobe en 2004, José Luis Aurrekoetxea, y al representante de Plastificantes Lutxana.
Residentes y ecologistas se congratularon ayer de que su «lucha» haya conseguido paralizar hasta ahora el proyecto para edificar 700 viviendas y un parque en los suelos de la fábrica «tras la recalificación de los suelos». El Ayuntamiento, sin embargo, negó que esta sea la razón de la demora. «La promotora es una empresa que carecía de recursos y ahora el solar es propiedad de cinco entidades financieras», aclararon fuentes municipales.
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La portavoz de Lur Maitea explica el auto judicial a los vecinos de Retuerto. :: PEDRO URRESTI

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