Las malas noticias siguen llegando para las 650 familias -en su mayoría vizcaínas- que viven pendientes del derribo de sus viviendas en Cantabria por la negligencia de las autoridades urbanísticas de la región. Ayer, los 16 vecinos de la urbanización Las Llamas I recibieron tres nuevos autos judiciales que instan al alcalde de Argoños a proceder a la demolición de las casas. La barriada fue condenada a ser pasto de las excavadoras por su impacto visual sobre el paisaje.
Los magistrados le conceden al regidor, Juan José Barruetabeña, un plazo de 15 días. «Si en este lapso de tiempo no se ha adoptado alguna medida tendente a hacer posible la ejecución material del derribo se le impondrán multas coercitivas por importe de 300 a 1.500 euros, que se reiterarán a los 20 días hasta la completa ejecución del fallo». Es decir, que si el alcalde no mueve ficha, será castigado económicamente, teniendo que pagar una cantidad de dinero al juzgado cada tres semanas hasta que se cumpla el oficio judicial.
Fuentes cercanas al caso aseguraron a este diario que Barruetabeña recurrirá el auto. Esta decisión suele ser una medida habitual de las autoridades municipales que cargan con sentencias de derribo para tratar de ganar tiempo. En lo que va de año, los tribunales han dictado 14 órdenes instando a los regidores de diversos municipios -12 de ellas corresponden a Argoños- a cumplir las 17 sentencias firmes que hay en la provincia contra urbanizaciones en pie.
La última resolución de los magistrados cántabros ha supuesto un duro mazazo para los afectados. «Estamos absolutamente desesperados», aseguró ayer Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). El cofundador de la entidad retrató la «tristeza y sufrimiento» que padecen las 650 familias. «Con la llegada de cada auto se vuelve a revivir la pesadilla», ilustró.
Situación «límite»
La situación es «límite», advirtió. AMA se siente «engañada» por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla. El Ejecutivo había prometido «soluciones», con la aprobación de una ley, pero acabó pasando la patata caliente a los consistorios, según denuncia la asociación. Vilela quiso hacer notar que mientras las «víctimas» de la urbanización Las Llamas I padecen «en silencio», el ex alcalde Joaquín Fernández San Emeterio, «que fue quien provocó todo este desaguisado, disfruta plácidamente de su jubilación».
