La ordenanza que prohibirá la prostitución callejera en Bilbao y sancionará los intercambios sexuales con multas de hasta 3.000 euros, que empieza a tramitarse hoy en la Junta de Gobierno municipal, ha desatado las críticas de SOS Racismo. La ONG pidió a los responsables políticos que no apoyen la nueva normativa, ya que, a su juicio, «la prostitución no debe ser tratada simplemente como un problema de orden público». Según explicaron, coinciden con Askabide -agrupación que trabaja con mujeres que ofrecen servicios sexuales- en que «hay que sancionar las conductas y no a los colectivos». En este sentido, apuntaron que «ya existen ordenanzas» que castigan los comportamientos incívicos que causan molestias a los vecinos, «cuya existencia no negamos ni justificamos».
Asimismo, calificaron de «grotesco» que el Ayuntamiento justifique la normativa de Espacio Público -que regula otras actividades realizadas en la calle además de la prostitución- como una herramienta para solucionar «la situación de marginalidad de las mujeres» que ejercen este trabajo, concentrado en Bilbao en barrios como San Francisco, Miribilla y Saralegi.
De hecho, estimaron que el nuevo marco legal -que contemplaría multas para clientes y prostitutas- sólo serviría para «ocultar» este negocio y obstaculizar el acceso de personal sociosanitario a las mujeres. Las sanciones económicas, a su juicio, tampoco ayudarán a este colectivo, formado, principalmente, por chicas jóvenes, pobres y en su mayoría de raza negra, según destacan fuentes de SOS Racismo.
