La esperada ordenanza que prohibirá ejercer la prostitución en las calles de Bilbao -han pasado nueve meses desde que el equipo de Gobierno se comprometió a dar respuesta a este problema- ya tiene fecha. Ayer, durante el pleno municipal, la portavoz del PP, Cristina Ruiz, urgió con contundencia al concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz, a ponerse manos a la obra y a «dejar de marear la perdiz» con este asunto, cuyo borrador quedó en vía muerta hace dos años por discrepancias en el gabinete de Azkuna.
Tras aguantar el chaparrón de críticas durante el debate de la proposición de los populares, el edil, en un golpe de efecto, desactivó la iniciativa -no llegó a votarse- al anunciar que el próximo miércoles se iniciarán en la Junta de Gobierno los trámites para aprobar una Ordenanza de Uso de Espacio Público que regulará la prostitución y prohibirá ejercerla en la calle. De este modo, la normativa se plantearía en el pleno de mayo -ya que el de abril se suspenderá debido a la Semana Santa- y, tras el preceptivo periodo de alegaciones, «podría entrar en vigor en septiembre», avanzó Maiz.
La ordenanza, «muy amplia y compleja», no sólo se centrará en la prostitución, que ha causado numerosas quejas vecinales por la falta de higiene y las fuertes escenas sexuales que se producían diariamente a ojos de todo el mundo en barrios como Miribilla, Saralegi y San Francisco. Así, además de sancionar los intercambios sexuales a cambio de dinero que tengan lugar en la calle, regulará licencias, concesiones, convenios y limpieza de espacios públicos, el 'botellón', la música callejera, el tránsito por aceras y espacios peatonales, juegos, actos culturales, lúdicas o deportivas, terrazas de hostelería y venta ambulante, entre otras actividades. La inclusión de la prostitución en este 'pack' no es una cuestión improvisada, se ha hecho para evitar una normativa específica «que podría resultar discriminatoria». Este punto preocupaba especialmente a Ezker Batua. De hecho, según insinuó la líder popular Cristina Ruiz durante la sesión plenaria, «las diferencias» entre PNV y EB podrían haber sido la causa de la demora en sacar adelante el proyecto de la ordenanza, extremo que Maiz desmintió durante el pleno, en el que los socios de gobierno se esforzaron en exhibir su sintonía.
Falta administrativa
Según advirtió el concejal, el incumplimiento de la ordenanza en materia de comercio sexual conllevará multas de 300 a 3.000 euros -según su gravedad- tanto para las prostitutas como para los clientes. «Ahora mismo no está regulado, y si se les 'pilla', no pasa nada. Esto va a cambiar, porque pasará a ser una falta administrativa», indicó. Las multas, previsiblemente, tendrán un efecto disuasorio y afectarán más a los usuarios de este tipo de servicios que a las prostitutas, ya que muchas de ellas son insolventes y no disponen de bienes embargables.
Para justificar la futura normativa, Maiz aludió más a la necesidad de regular la prostitución para sacarla de la «marginalidad» -argumentos que comparten asociaciones como Askabide, que atienden a mujeres que se dedican a esta actividad- que a la inquietud vecinal que pueda causar esta práctica. «Según hemos comprobado en las encuestas, no es algo que preocupe a los ciudadanos en su gran mayoría, aunque en determinadas zonas ha habido problemas», aclaró el edil, quien estimó que actualmente trabajan en las calles de la villa una veintena de profesionales del sexo. Según Maiz, la Ordenanza de Espacio Público recogerá aportaciones en materia de prostitución realizadas por colectivos vecinales, sindicales y ONG, que, entre otras cosas, han pedido al equipo de gobierno «apoyo social a este colectivo», algo que ya ofrece Lan Ekintza.
