«Perdone, ¿es usted el diputado general?»

Como todas las mañanas (o casi todas), Alfredo de Miguel, el que fuera diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, se dirigía a nadar al Estadio, un conocido complejo deportivo privado ubicado en el sur de Vitoria y propiedad de la Caja Vital. Eran las siete de la mañana del pasado miércoles, 17 de marzo, un día que jamás olvidará. Y es cuando se disponía a montarse en su coche, un 'Saab 93', cuando varios ertzainas se dirigieron hacia él preguntándole si era el diputado general. Sorprendido, negó la mayor y aseguró que sólo era un diputado raso. A continuación, le preguntaron si era Alfredo de Miguel, a lo cual contestó afirmativamente, lo que provocó su detención. «Un poco más y no lo localizan en casa», explicaron fuentes de la investigación consultadas por EL CORREO.

Le quitaron las llaves del coche, las de casa y subieron todos a su domicilio, donde se encontraban sus dos hijos y su mujer, Ainhoa Bilbao, también detenida y luego, como su marido, puesta en libertad con cargos pero sin fianza. Los ertzainas -se conformaron grupos de cinco para cada uno de los ocho imputados- evitaron en todo momento que el matrimonio entrara en contacto entre sí para que no pudieran compartir información. Les permitieron hacer una llamada a cada uno. De Miguel contactó con su abogado y su pareja llamó a un familiar para que viniera a por sus dos hijos (de corta edad). Mientras llegaba y para evitar que el arresto afectara a los pequeños, el ex diputado aún dio de desayunar a sus hijos después de que fueran levantados de la cama por su madre.

De aquí, se dirigieron a los calabozos del Palacio de Justicia a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Josu Izaguirre, les tomaran declaración. Los ocho arrestados estuvieron en celdas individuales aislados, pasando incluso «frío» al no tener, en el caso de Alfredo de Miguel, un abrigo. Los agentes, además, les quitaron los relojes, lo que «desesperó» a los detenidos, según confirmaron distintas fuentes.

El procedimiento utilizado por el juez para ordenar el arresto ha sido duramente criticado tanto por el PNV como por el propio De Miguel, al considerar desproporcionada la actuación «sobre todo cuando salieron en libertad y sin fianza». Argumentan, además, que la única obligación que el juez les ha puesto es notificar un supuesto cambio de domicilio. Incluso pueden viajar al extranjero.