El Supremo entierra la contrapasa en Vizcaya

La caza de palomas torcaces en contrapasa ya es historia. El Tribunal Supremo acaba de anular de forma definitiva un tipo de práctica cinegética que había sido prohibida hacía décadas en Europa, pero que contaba en Vizcaya con su último reducto, gracias al amparo de la Diputación. La sentencia es firme -no cabe recurso alguno- y pone punto y final a una polémica que ha enfrentado a ecologistas y amantes de la escopeta durante las dos últimas décadas.

La contrapasa reunía cada año por estas fechas a unos 600 aficionados deseosos de prolongar la temporada de caza, que, tradicionalmente, termina con los últimos coletazos del invierno. En las últimas campañas que fueron autorizadas se mataban entre 800 y 2.000 palomas torcaces ('Columba Palumbus') durante los meses de febrero y marzo. Las aves pasaban por Euskadi y Navarra en su viaje de regreso migratorio a centroeuropa tras haber permanecido en las tierras cálidas del sur de Portugal y Andalucía. La franja costera entre Bakio y Ondarroa era el lugar predilecto para abatirlas. En esta parte del territorio se levantan todavía cientos de puestos de madera construidos para tal efecto.

El Supremo confirma ahora, punto por punto, el dictamen emitido en septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Los magistrados de este órgano dieron entonces un fuerte varapalo a la Diputación. Anularon la orden foral que autorizaba la temporada de 2006 al entender que contravenía las leyes comunitarias. La demanda había sido interpuesta por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), que contaba con el apoyo de los grupos ecologistas locales de Izate y Lanius. La institución presidida por José Luis Bilbao acató la resolución y decidió no recurrirla, ya que quedaba claro que, tras la condena emitida por la UE en 2005 contra esta modalidad, cualquier decisión en este sentido «hubiera carecido de amparo legal».

Los abogados forales tiraron la toalla, pero no hicieron lo mismo siete asociaciones de cazadores de Bermeo, Mundaka, Ispaster, Mendexa, Mungia, Bakio y Lekeitio. Estas entidades decidieron acudir en casación al Supremo, en un último intento de 'salvar' la costumbre. En su recurso, aseguraban que la sentencia del TSJPV no tenía en cuenta la existencia de una reforma legal que se puso en marcha en 1997 y que autorizaba la contrapasa en situaciones excepcionales. A juicio de los letrados de los colectivos cinegéticos, esta modificación no entraría en conflicto con las restricciones europeas, por lo que no era procedente su derogación.

Nada más lejos de la realidad. En su escrito de conclusiones, los magistrados del alto tribunal desmontan los argumentos jurídicos esgrimidos por los cazadores y llegan a asegurar que son «poco o nada comprensibles». En este sentido, resuelven que las leyes europeas -en este caso, la directiva para la protección de las aves- tienen un rango superior que las normativas estatales y provinciales. Por todo ello, advierten, son «de obligado cumplimiento».

Condena en costas

Los jueces lo tienen tan claro que despachan el fallo en cuatro hojas y condenan en costas a las siete asociaciones. La parte contraria, el abogado de SEO, así lo había pedido al asegurar que el recurso incurría en «una notoria temeridad» -un término jurídico que se emplea cuando las posibilidades de que una apelación prospere son casi nulas-. Los cazadores tendrán que pagar ahora 4.000 euros en concepto de honorarios del letrado de los ecologistas.

Al margen de la batalla jurídica, la contrapasa había encendido un acalorado debate social entre defensores y detractores. El principal argumento de los cazadores era que se trataba de una práctica ancestral, con un impacto ecológico «mínimo, cuando no beneficioso», ya que la paloma torcaz estaba «en franca progresión» y, en algunos países, se había convertido en «una plaga». Además, insistían en que el número de pájaros abatidos era «muy pequeño». En 2005 se mataron unos 800 y no se llegó al cupo de 2.000 que había fijado la Diputación. Los amantes de esta modalidad aseguraban que se trataba de «la caza de los humildes», al ser popular y practicarse sin muchos artificios.

En el otro lado de la balanza, los ecologistas y naturalistas clamaban contra lo que consideraban un proceder «inmoral». Dos motivos fueron los que esgrimieron para solicitar su prohibición definitiva. Por un lado, criticaban el daño generado al medio ambiente por un tipo de caza que se desarrollaba en una época del año «nada adecuada» -principios de la primavera-, donde el campo debe estar «libre» de tiros para facilitar la reproducción de las diferentes especies animales. Por otra parte, los colectivos conservacionistas denunciaban también que era «poco ético» disparar contra aves en pleno viaje de regreso migratorio, cuando son más vulnerables que nunca.

Los magistrados del Tribunal Supremo zanjan ahora el debate y entierran de forma definitiva la contrapasa. Un pleito que ha mantenido en vilo a los cazadores vizcaínos pero también a los de las provincias y comunidades vecinas.