VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN SE HALLAN VACÍAS EN EUSKADI, SEGÚN HACIENDA
El Gobierno vasco se propone incrementar de forma sustancial el dinero que ofrece a los promotores por cada piso nuevo sin vender que le cedan durante un periodo de cinco años para destinarlo al alquiler público. La medida pretende cubrir las necesidades de una parte de la población sin recursos económicos para afrontar una compra y, a su vez, sacar al mercado casas que no han encontrado propietario por los efectos de la crisis económica. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, sugirió hace un mes la mejora de la suma que el Ejecutivo ofrece desde 2008 en una respuesta parlamentaria a Ezker Batua (EB). Lo que planteó entonces como una opción en fase de estudio se va a materializar en breve, con el compromiso de entregar 36.000 euros, de una vez y por adelantado, por un inmueble recién construido que esté en 'stock' y que pueda ser derivado del mercado libre al arrendamiento protegido.
Esa suma equivale a 600 euros mensuales a lo largo de cinco años, el máximo que el programa Bizigune paga ahora mismo por los pisos vacíos que ponen a su disposición los particulares, también durante un lustro y con el propósito de adjudicarlos luego por un alquiler más barato a personas apuntadas en Etxebide. No obstante, en este segundo caso la Administración autónoma no abona al propietario todas las mensualidades al principio y de golpe, como se propone hacer con los constructores, sino mes a mes. Tan sólo hace una excepción, anticipando un dinero al dueño si éste necesita realizar obras en el inmueble para hacerlo habitable.
El Gobierno vasco justifica el incremento de la cantidad ofrecida a los promotores -anteriormente ascendía a 27.000 euros (450 euros mensuales)- porque hasta ahora ninguna empresa ni entidad financiera ha mostrado un interés real por ceder temporamente sus inmuebles, excepto algunas firmas de Álava que sondearon la posibilidad de entregar un número reducido de pisos y que finalmente se echaron atrás.
Para Iñaki Arriola, esa actitud remisa se debe a que el sector inmobiliario no está atravesando «tantas dificultades por no tener viviendas en el mercado». El consejero también analizó que, posiblemente, la falta de interés de los constructores por dar salida a las viviendas vacías mediante este programa público puede deberse a que la bolsa de pisos nuevos sin comprador no es al final «tan notable como se estimaba».
Vivienda amueblada
Grande o pequeña, lo cierto es que las administraciones no se ponen de acuerdo sobre el tamaño del 'stock' residencial del País Vasco, a pesar de que esa información ayudaría a los potenciales compradores a hacerse una idea aproximada del precio de los pisos. Una estimación basada en comparar las viviendas terminadas y las vendidas durante un periodo concreto cifró en alrededor de 15.000 los inmuebles de nueva planta que tendrían colgado el cartel de 'se vende' en Euskadi en 2008. Sin embargo, un estudio del Departamento de Economíaha elevado recientemente ese cálculo hasta 21.000. La consejería de Arriola ha puesto en duda ese dato, al que habría que añadir, de todos modos, otras 18.500 casas de segunda mano desocupadas, según las últimas estadísticas.
Entre tanto, el Ministerio de Vivienda eleva el 'stock' de Euskadi hasta 25.301 viviendas nuevas en 2008, incluyendo las que entonces estaban terminadas y las que se estaban construyendo. El baile de cifras lo han completado los constructores alaveses, que aseguran que en Vitoria están disponibles para la venta unos 300 pisos nuevos. Esa cifra es inferior al 'stock' atribuido por el Ministerio de Vivienda a Ceuta y Melilla, donde se contabilizaron 438 inmuebles sin colocar hace dos años.
Con ese confuso telón de fondo, el Departamento de Vivienda ha realizado un segundo intento para animar a los promotores y entidades crediticias a que exploren una vía alternativa que podría ayudarles a capear estrecheces financieras mientras las ventas de pisos se mantienen bajas. A cambio de los 36.000 euros por inmueble, la consejería pedirá que se lo dejen amueblado. Los pisos captados por ese procedimiento serán ocupados por inquilinos que pagarán un alquiler no superior al 30% de sus ingresos, como ocurre en Bizigune. De hecho, los responsables de ese programa se ocuparán de gestionar los pisos que eventualmente cedan los promotores.
El departamento analizará con atención la respuesta del sector inmobiliario a su nueva propuesta. Y es que baraja otras opciones para aumentar a corto plazo la oferta de alquiler asequible en Euskadi, que asciende actualmente a unos 18.000 pisos. No obstante, su meta a diez años vista es incrementar las viviendas de arrendamiento protegido que tengan carácter estable y no temporal, como ocurre con los pisos de Bizigune.
