La organización es una absoluta piña». El mensaje se repite con convicción en las últimas horas desde todos los estamentos del PNV. De los más soberanistas a los pragmáticos, de Sabin Etxea a las territoriales. Burukides y alderdikides son conscientes de que 'el partido' arriesga mucho, como pocas veces, con el 'caso De Miguel'. O lo que es lo mismo: con la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria de imputar, a instancias del fiscal jefe, al diputado foral alavés Alfredo de Miguel -que anunció su dimisión el jueves- y a otros siete 'fontaneros' y ex altos cargos jeltzales por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, acusados de un presunto cobro de comisiones ilegales.
«La organización -siempre la organización- no parece estar tocada», se insiste. Y sólo luego se añade: «Tampoco sabemos si tras la imputación a nuestros militantes hay algo. Hasta que no se levante el secreto de las actuaciones, todo son meras suposiciones y debe primar la presunción de inocencia, aunque hayamos tenido que ser contundentes con ellos pidiéndoles dimisiones. A otros partidos se les permiten ciertas corruptelas, pero a nosotros no. Y así debe ser», agrega uno de sus máximos responsables.
Sospechas
Aún así, o posiblemente por ello, se palpa un indisimulado temor en las filas peneuvistas. Miedo a que las sospechas judiciales contra el diputado alavés -que dentro de un año se hubiera convertido en el nuevo presidente del Araba buru batzar (ABB) y, por tanto, en cabeza visible del partido en el territorio- y su entorno se confirmen. No digamos nada si tocan al partido, como se sospecha y se dice, previa invocación del 'off the record', desde las restantes formaciones.
De momento, el mejor antídoto que han encontrado los jeltzales es cerrar filas tras el líder. Iñigo Urkullu ha tomado el mando absoluto de la situación con el respaldo unánime. Hay demasiado en juego. Él, junto al EBB, tomó el miércoles las primeras decisiones: comparecencia urgente ante la Prensa del diputado general, exigencia de dimisión de los imputados si salían del juzgado con cargos -como así ocurrió- y aparición vespertina del presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, ante los periodistas, pese a su resistencia inicial a hacerlo. Prefería emitir un simple comunicado, como históricamente viene siendo marca de la casa.
Idéntica jerarquía en la toma de decisiones se repetirá en las próximas semanas, sin que ello implique en modo alguno una desautorización del ABB. En esta línea, todas las fuentes consultadas coinciden en que la elección de los principales candidatos para los comicios de 2011 se pospondrá hasta que «sepamos por dónde van los tiros». Hasta ahora, Xabier Agirre se perfilaba como aspirante a repetir de diputado general. Álvaro Iturritxa, ex portavoz en Juntas, había rechazado reiteradamente ser el póster al Ayuntamiento de Vitoria y hasta algunos medios contemplaban plantear al presidente del ABB ser el 'número uno' al Consistorio si no daba con un buen aspirante alternativo.
Las elecciones del próximo año son desde el miércoles aún más importantes para el PNV. Sin duda, pesa en el recuerdo la derrota en Guipúzcoa de hace tres años tras el escándalo que obligó a dimitir al candidato jeltzale a diputado general Jon Jáuregi, tras no pocas vacilaciones de Joseba Egibar y el GBB, a diferencia de lo ocurrido ahora en Álava. Se ve que la experiencia enseña. Al menos en el PNV.
Existe un indisimulado temor interno a que, si la instrucción sigue todavía abierta en mayo de 2011, se conviertan en una especie de reválida de la corrupción. La situación sería todavía mucho más grave si se probaran cargos contra las personas, y no digamos contra la organización. El cierre de las actuaciones otorgaría un respiro con el que hoy apenas se sueña en Sabin Etxea.
Nuevo ABB
Lo seguro es que los jeltzales habrán de buscar sustituto para Gerenabarrena como presidente de la regional. Su mandato expira el año próximo, tras los comicios, y ya no le sustituirá De Miguel, termine como termine el caso, según estaba previsto. Tras los últimos acontecimientos, existe coincidencia general en que Urkullu y el EBB teledirigirán muy de cerca el proceso.
Los peneuvistas tienen previsto mostrar en los próximos días máxima apertura a la hora de aceptar comisiones de investigación o peticiones de comparecencia sobre el presunto escándalo. De momento, juegan con la absoluta lealtad del PSE alavés a los acuerdos firmados o sólo apalabrados. Eso sí: el diputado general de Álava no se someterá en ningún caso a una cuestión de confianza, como se empieza a sugerir desde el PP. «Si quieren, que presenten una moción de censura y hablaremos de todo», se afirma desde el Palacio foral.
Y es que en estos medios se resalta que las indagaciones judiciales parecen centrarse, de momento, en una operación de compra venta de terrenos para el Parque Tecnológico de Miñano que tuvo lugar en 2006, cuando el PP aún gobernaba la Diputación alavesa, y el PNV, el Ejecutivo vasco. En ella habrían intervenido el constructor vizcaíno Jon Iñaki Etxaburu -uno de los imputados- y Kataia Consulting, la empresa integrada por las tres mujeres implicadas, las esposas de De Miguel, el burukide Aitor Tellería y el ex cargo jeltzale Koldo Otxandiano. Otros medios apuntan que las indagaciones se extienden también a una importante constructora vizcaína con la que el parque y De Miguel -administrador único de la sociedad Landaburu Etxea, que promueve la lujosa nueva sede central peneuvista en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria- habrían tenido relaciones.
