Resulta incomprensible que el cuerpo de un fallecido sin identificar pueda permanecer diez meses en la morgue de un hospital sin que se comunique esa circunstancia al juez o a la policía. Y no se entiende que la Policía esté buscando a un desaparecido de determinadas características y al consultar con los centros sanitarios no se le informe del ingreso de una persona que puede ajustarse al perfil buscado. Las autoridades francesas tienen, por todo ello, que revisar los procedimientos que se aplican en estos supuestos y determinar qué es lo que falló en el caso de la muerte del etarra Jon Anza en un centro hospitalario y por qué no ha sido posible su identificación en tanto tiempo.
La autopsia practicada ayer al cadáver del miembro de ETA confirma el dictamen de muerte natural que se emitió cuando se produjo el fallecimiento en un hospital de Toulouse. Y esos informes forenses, sumados a las pesquisas que realizarán a partir de ahora la fiscalía y la policía judicial, servirán para tratar de aclarar lo ocurrido.
De momento, el hallazgo del cuerpo de Jon Anza en la morgue de un hospital de Toulouse echa por tierra la teoría que habían venido defendiendo en las filas de la izquierda abertzale, según la cual un cuerpo policial español había enterrado al miembro de ETA en territorio francés después de haberlo secuestrado y de que Anza falleciera en un interrogatorio. La abogada de la familia, en declaraciones al diario Le Monde publicadas el 3 de diciembre de 2009, decía que esa era la única explicación posible. Esa explicación ha quedado enterrada por los hechos.
El domingo, en la rueda de prensa celebrada por el colectivo Jon Anza, otro abogado de la familia acusaba a la Guardia Civil de haber tenido secuestrado al miembro de ETA durante diez días. Hasta entonces las acusaciones se habían dirigido contra un grupo de agentes la Comisaría General de Información del CNP. En ambos casos las acusaciones se han formulado sin presentar ninguna prueba, con la misma solvencia con que se decía que Anza estaba enterrado en Francia.
A las autoridades francesas les corresponde investigar y aclarar lo ocurrido con Anza y en esa tarea deben tener el voto de confianza que se merecen las instituciones de un país democrático, aunque se hayan cometido errores como el que ha impedido identificarle a tiempo. La credibilidad del sistema judicial francés está por encima de las críticas que pueda formular una izquierda abertzale que ya tiene su sentencia dictada y que no está dispuesta a reconocer ningún resultado de la investigación que no se ajuste a sus esquemas preconcebidos.
