Ni lesiones traumáticas ni hemorragias internas. El etarra Jon Anza falleció por causas naturales derivadas de su precario estado de salud. Dicho en jerga médica, falleció por un colapso polivisceral neurológico, cardíaco y pulmonar. Es decir, por parada simultánea de los órganos vitales. Es la conclusión preliminar de la autopsia practicada ayer en Toulouse en la que no fue autorizada la asistencia de una forense designada por la familia.
La fiscal-jefe de Bayona, Anne Kayanakis, explicó en rueda de prensa que las causas de la muerte de Anza, afectado por un tumor en el nervio óptico, están relacionadas con su estado de salud y su historial médico. La autopsia descartó la existencia de lesiones, golpes o intervenciones externas en extremidades y cuerpo. Tampoco se detectó ninguna hemorragia interna.
La magistrada observó que son las primeras constataciones de la autopsia, cuyas conclusiones definitivas se darán a conocer a finales de esta semana o principios de la próxima. El examen deberá ser completado por los análisis toxicológicos de muestras tomadas en el cadáver.
Kayanakis subrayó que la autopsia fue realizada por el director del Instituto de Medicina Legal de Toulouse y por el segundo responsable de este centro, profesionales cuya competencia y fiabilidad defendió. Explicó que la presencia de un facultativo propuesto por la familia no está prevista en el procedimiento legal. Pero no descartó la idea de aceptar la realización de una contra-autopsia a petición de los representantes del difunto.
La fiscal adelantó que próximamente incoará un sumario que pondrá en manos de un juez instructor que podrá «consagrar más tiempo» a la prosecución de las pesquisas. Justificó esta iniciativa, que la abogada de los familiares le reclamaban sin éxito desde hace meses, en el grado de complejidad que ha adquirido el caso. A diferencia del fiscal, un juez instructor puede ordenar medidas coercitivas como los arrestos y medidas de cooperación internacional del estilo de las comisiones rogatorias.
La responsable judicial de la investigación admitió que el mes pasado fue informada de la presencia de guardias civiles en Toulouse en la última primavera. Pero puntualizó que se había comprobado que dejaron su alojamiento el 20 de mayo. Es decir, cinco días después de que la familia hiciera pública la desaparición y denunciara el hecho ante la Fiscalía de Bayona. Desde su punto de vista, no se puede establecer una relación directa con el 'caso Anza' en «una presencia habitual y natural de fuerzas policiales que combaten a ETA en Francia».
«Las mentiras continúan»
En un comunicado, Askatasuna señaló que la ausencia de un médico de su confianza en la autopsia «nos confirma que las mentiras continúan». Cuestionaron el resultado hecho público ayer por la fiscal porque el cuerpo fue conservado durante diez meses «en malas condiciones: no fue congelado sino guardado a 4 grados; de ahí una descomposición avanzada».
El colectivo independentista denunció la actitud de una fiscal que se otorga «el papel, de una persona comprensiva e inocente, que parece caer de un guindo cada vez que un elemento de la investigación sale en la prensa». «La consideramos como uno de los responsables de la disimulación de lo que le ha ocurrido a Jon», añade el texto.
El escrito indica que fuerzas antidisturbios rociaron con gases lacrimógenos a unas 80 personas concentradas a las puertas del Instituto de Medicina Legal de Toulouse para exigir un forense de confianza mientras en el interior del edificio se realizaba la autopsia oficial.
El fuerte dispositivo policial no pudo impedir que algunos de los manifestantes penetraran en la instalación hospitalaria. Con pancartas con el lema «Queremos la verdad» e ikurriñas, los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de la policía, a quienes arrojaron piedras, según pudo constatar la agencia Efe.
Mientras, el colectivo Presoen aldeko Taldeak (Grupos en favor de los presos) convocó movilizaciones en las universidades vascas para el próximo jueves, con el objetivo de denunciar la muerte de Jon Anza.
