633 euros al mes. Es el sueldo que el Consejo de la Juventud pide que se instaure en Euskadi para «todos los individuos» y «sin condiciones». Los responsables de este organismo consideran que ofrecer a la ciudadanía esos ingresos, equiparables al Salario Mínimo Interprofesional, permitiría a los jóvenes desarrollar «un proyecto de vida» ante la «precariedad laboral» y el «riesgo de exclusión social» que sufren en la actualidad.
El Consejo presentó ayer el informe 'Emancipación Juvenil y Renta Básica', que analiza los posibles beneficios que conllevaría para las personas jóvenes una Renta Básica Universal para la Ciudadanía. El estudio argumenta que las condiciones laborales de los jóvenes son «alarmantes», con una tasa de actividad cada vez menor porque se empieza más tarde a trabajar. La tasa de desempleo entre el colectivo «duplica a la del resto de la población» y el sueldo medio está «muy por debajo de la media». Además, la mitad de los jóvenes trabaja en situación temporal, que lejos de ser transitoria está empezando a ser «crónica». De igual manera este colectivo sufre «contratos sistemáticos de prácticas, investigación, becas, falsos autónomos...».
La emancipación se convierte en una misión imposible, resaltan desde el consejo. «Inmersos en esa precariedad laboral, el esfuerzo económico que deben hacer para acceder a una vivienda es prácticamente inasumible», recoge el documento. En ese escenario, la mayoría vive en una situación de «pobreza encubierta, enmascarada por el sustento familiar». A día de hoy, sólo el 20% de los jóvenes vascos vive de sus ingresos y el 40% se encuentra en el umbral de la pobreza.
«Un derecho»
Para hacer frente a esta falta de oportunidades, el Consejo de la Juventud propone considerar la opción de reconocer «el derecho a unos ingresos mínimos», como ocurre en el caso de la sanidad o la educación. Este salario lo podrían recibir también las personas que tienen trabajos temporales y precarios. «La renta básica sólo se otorga a quienes no tienen una fuente fija de ingresos, por lo que las personas se ven obligadas a elegir entre empleo o prestación», justifica este organismo. Es por ello que gran parte de la juventud que está en constante salida y entrada del mercado de trabajo «no puede solicitar esas ayudas cuando las necesita».
El Consejo reconoce que este salario para toda la ciudadanía no permitiría salir de la precariedad laboral a los que lo reciban, pero sí «ayudaría a paliar sus consecuencias». Impulsaría la «capacidad de negociación de las condiciones laborales», puesto que, una vez aseguradas las necesidades materiales mínimas, «los jóvenes no estarían obligados a aceptar cualquier cosa». La renta permitiría acabar con la dependencia del hogar familiar. «Facilitaría el desarrollo de un proyecto de vida propio y autónomo», concluye la entidad en su informe.
