Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán mantiene sus armas en alto. Más que nunca. La batalla que libran ambos empresarios desde hace años -el primero por entrar en el consejo de Iberdrola haciendo valer la participación del 12% (directa e indirecta) que ACS posee en la eléctrica, y el segundo evitándolo, al considerarla una operación puramente especulativa- está a punto de llegar, una vez más, a otro momento álgido. El próximo 'round' tiene asignado lugar y fecha desde hace tiempo: el 26 de marzo en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La junta de la compañía eléctrica, que se presenta como una de las más 'moviditas' de los últimos tiempos, será el escenario en el que volverán a medir sus fuerzas.
Tal y como anunció el 26 de febrero, el presidente del Real Madrid ya ha solicitado ejercer el sistema de representación proporcional, según el cual un accionista con el 6,6% del capital tiene derecho a ocupar un puesto en el consejo de administración. En la medida en que este año se producen vacantes en el órgano de gobierno de la eléctrica, ACS podrá designar directamente, en virtud de la legislación vigente, un consejero sin necesidad de que la junta lo vote.
A tal fin, ACS ha presentado ante Iberdrola la pertinente documentación. En concreto, le ha hecho llegar un requerimiento notarial y un certificado de legitimación del banco que acredita que está en posesión de, al menos, un 6,67%.
Pero si el guión se cumple como está en principio previsto, la alegría de Florentino Pérez será efímera. Posiblemente, cuestión de minutos. Según los medios consultados, una de las estrategias diseñadas por Iberdrola para frenar, una vez más, el intento de asalto se centrará en el conflicto de competencia existente entre la eléctrica y ACS. Algo que, según la estricta aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, puede provocar que la junta de accionistas impugne el nombramiento y apruebe, por mayoría, el cese inmediato del consejero de ACS. Y en ese punto, nadie duda de que Galán tendrá asegurada la mayoría de la asamblea. El año pasado ya lo demostró, cuando el cónclave le apoyó de forma abrumadora para evitar la entrada de la constructora.
En ese contexto, lo previsible es que un accionista de Iberdrola solicite durante la junta la citada impugnación alegando que ACS es competencia directa de Iberdrola en actividades tan estratégica como la ingeniería o las energías renovables. Eso es, según recogen los estatutos de la eléctrica, una limitación insalvable para acceder a su consejo de administración.
Competencia directa
En ese punto, son muchos los argumentos a favor de la firma vasca, aseguran las fuentes consultadas por este periódico. ACS compite con Iberdrola en varios contratos energéticos. En concreto, una de sus filiales, Cobra, le ha arrebatado recientemente uno público para realizar la repotenciación de una central térmica en México. No es el único caso en el que ambos grupos pugnan. Iberdrola Renovables participa también en ese país en un concurso para hacerse con un parque eólico puesto en marcha por el Gobierno mexicano. También se han presentado a esa licitación ACS, Acciona y Elecnor-Enerfin.
Esa competencia tiene su reflejo en las cifras de ACS, que el pasado año invirtió 1.000 millones de euros en energías 'limpias'. En términos globales, y según los medios consultados, el 45% del negocio desarrollado por la constructora entra en competencia con el 100% del negocio de Iberdrola.
Esa liza chocaría con, al menos, un artículo de los estatutos de Iberdrola, que en la junta de accionistas del pasado año fue modificado para cortar el paso a la constructora. El reglamento señala textualmente que no podrán ser nombrados consejeros «las sociedades, nacionales o extranjeras, del sector energético o de otros sectores, competidoras de la sociedad, así como sus administradores o altos directivos, y las personas que, en su caso, fueran propuestas por las mismas en su condición de accionistas».
Así las cosas, todo apunta a que en la junta de accionistas de Iberdrola se escenificará la conocida como 'doctrina FCC'. En 2004, el grupo Acciona logró nombrar tres consejeros en Fomento de Construcciones y Contratas, con la que mantenía una guerra abierta, haciendo valer su 15% del capital. Los nombramientos duraron minutos. A petición de un accionista, la junta los cesó por incompatibilidad al ser designados por una compañía que era competencia directa del grupo controlado por Esther Koplowitz.
