Los jóvenes, con una tasa de paro del 40%, y el empleo temporal, que afecta a tres de cada 10 ocupados, centran la reforma laboral. Descartada la creación de un nuevo contrato para luchar contra la crisis, la negociación se encamina a retocar las dos modalidades -formación y prácticas- destinadas a los trabajadores de menor edad y a incentivar a las empresas para que transformen colocaciones con fecha de caducidad en indefinidas. Los interlocutores -Gobierno, patronales y sindicatos- aseguran que el acuerdo es posible. El Ejecutivo ha puesto como fecha tope para el entendimiento el 30 de abril. «A partir de entonces, si la confrontación persiste, actuaremos», mantienen miembros del gabinete.
La mesa de negociación busca acotar los contratos temporales a tareas de duración determinada, un objetivo perseguido sin éxito desde hace décadas. El camino emprendido da una vuelta jurídica a la regulación de esos contratos para evitar su uso incorrecto, impedir su encadenamiento y subir la indemnización por despido, situada en ocho días por año de servicio. Los cambios también pasan por recuperar las bonificaciones para la conversión de empleo temporal en indefinido, medida que se aplicó durante el segundo semestre de 2006 con resultados muy positivos.
El contrato de fomento del empleo, de carácter estable, creado por consenso en 1997, se enganchará a esos beneficios. A la vez, se universalizará su aplicación. Hasta el momento está prohibido para los varones mayores de 30 años y menores de 45. Su principal ventaja es que conlleva un despido improcedente más barato que el indefinido ordinario. El coste es de 33 días por año de antigüedad, con un máximo de 24 mensualidades.
Las patronales CEOE y CEPYME, además de obtener beneficios por la transformación de colocaciones eventuales en fijas, verán cómo sale adelante la regulación de las agencias privadas de recolocación con ánimo de lucro, que pondrá fin a la intermediación gratuita, desarrollada por el Inem; y con mayor presencia de las empresas de trabajo temporal, cuya actuación no está permitida en las administraciones publicas ni en la construcción. Ambas cuestiones son antiguas demandas empresariales que por fin van a ver la luz si el proceso de diálogo concluye con acuerdo.
Para sacar del pozo laboral en el que se encuentran 600.000 jóvenes con nivel educativo bajo, procedentes del fracaso escolar, los interlocutores modificarán el contrato de formación. Este contrato exige, como su nombre indica, formación por parte de la empresa, y Gobierno, patronales y sindicatos están dispuestos a que la enseñanza profesional corra a cargo del sistema público de empleo en los centros de trabajo con plantillas inferiores a 10 personas.
Otros cambios consistirán en ampliar el límite de edad para su utilización más allá de los 21 años y dotarlo de protección de paro. El contrato de prácticas, también destinado a los jóvenes pero con título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, experimentará un mayor control.
