Los grupos políticos han visto con alivio que el Gobierno abandone la defensa de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años planteada por el Consejo de Ministros del 29 de enero. La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recupera con plenos poderes negociar la nueva reforma de las pensiones. Sus diputados, incluidos algunos socialistas, habían criticado con dureza lo que consideraron «una nueva e improvisada ocurrencia» del Ejecutivo. Se echaron las manos a la cabeza porque nunca nadie antes había cuestionado el límite de los 65 años. Por su parte, CC OO y UGT, que han sacado a la calle a los trabajadores en contra de la propuesta, respiran pero instan a los partidos a no rescatar el proyecto del Ejecutivo.
El titular de Trabajo, Celestino Corbacho, señaló que «el debate tiene ahora como escenario el Pacto de Toledo, la misma comisión que pidió en su día el informe al Gobierno». «Deben ser los grupos políticos quienes recojan de ese trabajo aquello que valoren para trasladarlo a las conclusiones finales», añadió tras matizar que «el Ejecutivo no tiene intención de alterar su propuesta». El retraso de la edad de jubilación continuará encima de la mesa de debate con carácter simbólico.
El socialista Jesús Membrado fue uno de los diputados más contrariados por el proyecto del Gobierno. A su juicio, es el momento de «buscar fórmulas» entre los grupos políticos que garanticen a largo plazo la vida de las pensiones públicas y de congratularse porque «el Gabinete busca ahora una reforma que carezca de confrontación política y social». Recordó que el Pacto de Toledo es, sobre todo, «un foro de negociación en el que el consenso impera sobre cualquier otra cuestión».
Alternativas
Para el diputado del PP, Tomás Burgos, la decisión de abandonar el retraso es positiva, puesto que se trataba de un tema que «no podía quedarse a mitad de camino». «Hemos planteado alternativas al concepto de la edad de jubilación a los 65 años, apoyadas en el retiro parcial, el anticipo de la pensión para los trabajadores con actividades peligrosas y en incentivos, mejores que los existentes, para prolongar voluntariamente la vida laboral», explicó. A su juicio, es imprescindible tener en cuenta «las carreras de cotización» o «el esfuerzo contributivo». «Es el factor que debe tener más peso a la hora de calcular la pensión», concluyó.
«Nosotros somos partidarios de abordar el debate a fondo sobre la jubilación pero no coincidíamos con las formas empleadas por el Gobierno», apuntó el portavoz de CiU, Carles Campuzano. «Hay que poner el acento en que la gente no deje de trabajar antes de los 65 años», resaltó.
Los encargados de abordar la reforma de las pensiones en CC OO y UGT, Carlos Bravo y Carmen López, se mostraron desconfiados y con cierto recelo hacia el Ejecutivo. Afirmaron que los sindicatos se quedarían más tranquilos si el retraso de la jubilación desapareciera del documento del Gobierno, algo que Moncloa ha descartado para no empañar la imagen del Gabinete ante lo que se podría interpretar como otro «paso atrás». Por su parte, CEOE guarda silencio hasta que exista un análisis oficial.
Mientras tanto, instituciones y asociaciones continúan difundiendo sus propuestas. Ayer le tocó el turno al Instituto de la Empresa Familiar. Sus dirigentes se inclinan por establecer junto al sistema público de pensiones y los fondos privados una tercera opción de carácter voluntario, consistente en que los trabajadores paguen tres puntos de cotización a un fondo gestionado por el Estado. También abogaron por calcular la prestación sobre toda la vida profesional y por retrasar la edad de jubilación hasta llegar a los 70 años en función de los sectores de actividad.
