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Paso atrás con las jubilaciones

EDITORIAL

Paso atrás con las jubilaciones

La renuncia del Gobierno a alargar la vida activa a 67 años incide en su improvisación

10.03.10 - 02:46 -
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La preceptiva actualización del plan de Estabilidad Presupuestaria 2009-2013 presentado el pasado mes por el Gobierno español a la Comisión Europea incluía dos propuestas de reforma del sistema de Seguridad Social: el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años y la ampliación del período de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años. Esta segunda iniciativa fue retirada precipitadamente, mientras que la primera parece igualmente condenada a la misma suerte una vez que el Gobierno ha constatado la falta de consenso y la impopularidad que suscita. El hecho de que el Ejecutivo pretenda combinar ese paso atrás con la intención de mantener el debate abierto en la negociación con los agentes económicos y sociales, lejos de enmendar su actitud timorata en un asunto tan sensible no sólo internamente sino para la credibilidad de nuestra estrategia económica en el exterior, agrava la impresión de improvisación que alimenta la ejecutoria gubernamental. La evolución de la demografía española, que registra un imparable aumento de la esperanza de vida, las nuevas demandas sociales y las duraderas consecuencias de una crisis sin precedentes cercanos están cuestionando la viabilidad del sistema de pensiones; un sistema en el que, según las previsiones, un volumen cada vez mayor de perceptores de los subsidios habrán de ser sostenidos por las aportaciones de cada vez menos trabajadores activos. Se imponen, pues, reformas para evitar el colapso del modelo y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El valioso colchón que ha proporcionado, desde su puesta en marcha en abril de 1995, el Pacto de Toledo obliga a seguir buscando en su seno los consensos imprescindibles para asegurar tanto la eficacia como el futuro y la estabilidad de las pensiones. Pero ni ello ni la falta de acuerdo sobre la prolongación de la vida laboral, ni mucho menos sus eventuales efectos negativos sobre las expectativas electorales, justifican la errática política del Gobierno en un asunto tan comprometido y cuya discusión estaba en condiciones de poder modular con mejor acierto. Los vaivenes en esta y otras decisiones no sólo dañan en este contexto la confianza en su capacidad de reacción ante las dificultades. Lastran su credibilidad para diseñar el porvenir tras la recesión.
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