El Gobierno tira la toalla. El retraso de la edad de jubilación a los 67 años no se acometerá en la presente legislatura dada su negativa repercusión entre los ciudadanos, muy por encima de lo calculado por los más entusiastas de la reforma. El Ejecutivo ha decidido sacrificar su propuesta, adelantada en exclusiva por EL CORREO el 28 de enero, en pro de un consenso político y social que no tenga coste en las urnas. Los miembros del Gabinete, incluido su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ya no mencionan en sus declaraciones públicas los 67 años como nueva edad legal de jubilación y diputados socialistas dan por hecho que la iniciativa morirá por abandono. Además, Moncloa considera oportuno que sea el Gobierno de la próxima legislatura quien afronte el precio de ese cambio de llevarse a cabo, dado que la fecha barajada para iniciar su aplicación es 2013.
No obstante, el Ejecutivo no retirará su propuesta del ámbito de negociación, algo que desde determinados segmentos sociales se consideraría un paso atrás y un argumento más para aquellos que reprochan las contradicciones de la política socialista. El equipo de Rodríguez Zapatero teme ahora que cualquier retroceso provoque críticas de instituciones nacionales e internacionales, partidarias de reformas contundentes en las pensiones públicas. Por otro lado, Moncloa tampoco está dispuesta a que la sociedad piense que la rectificación obedece al éxito de la presión que CC OO y UGT han ejercido en la calle: los líderes sindicales fueron los primeros en afirmar que estaban convencidos de que el retraso no se llevaría a cabo.
En paralelo a la postura del Gobierno, se confirma que las modificaciones que se aprueben afectarán a varios aspectos, debido a «la complejidad del sistema». El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer que «no existe una única medida en la que se puedan residenciar todos los males» y abogó porque las pensiones se correspondan con las cotizaciones realizadas, lo que implica reformar el periodo de cálculo -años laborales contabilizados para establecer el importe de la prestación-, situado en 15 años.
Granado reconoció que alargar ese plazo beneficiaría al 2% ó 3% de los jubilados que proceden del paro al haber sido despedidos en los últimos años de su vida profesional. Para el secretario de Estado sería una forma de repartir entre todos el ajuste al que se ven sometidos un pequeño grupo de trabajadores. En consecuencia, urge encontrar una fórmula a asumir por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que permita que las pensiones sean «lo más correspondientes y razonables» con las cotizaciones.
Proyecto abierto
En resumen, Granado apuntó que las reformas que se avecinan serán similares a las aplicadas en anteriores procesos y reconoció que ha habido deficiencia en la explicación dada por el Ejecutivo a la opinión pública sobre su proyecto, aprobado el 29 de enero. «Necesitamos discutir las cuestiones de manera sosegada, sin dramatismo. Este país necesita una Seguridad Social que no frene el crecimiento económico y siga progresando en equidad y coherencia social. Hay que explicar mejor las cosas. Necesitamos hacer reformas, podemos hacerlas y tenemos que encontrar el acuerdo político y social», resumió.
La intervención de Granado tuvo lugar en el Fórum Europa, y durante su comparecencia solo se refirió al retraso de la jubilación ante la pregunta de los periodistas. Contestó que alargar la vida laboral de los 65 a los 67 es sólo un proyecto y las propuestas en una negociación no se retiran ni se abandonan, y sí se negocian y se modifican. «La base final del acuerdo creará un escenario común», resaltó.
Estas palabras estuvieron en sintonía con las expresadas horas antes por el presidente ante TVE. Rodríguez Zapatero insistió en que la propuesta del Gobierno estaba abierta a otros planteamientos. Ya el 22 de febrero, el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó en el Parlamento que las pensiones solo se reformarán por consenso e instó a sus señorías a valorar el plan del Ejecutivo como un programa no cerrado y a presentar alternativas que aborden y resuelvan el envejecimiento de la población.
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