No sólo es objeto de controversia política, sino que además el Guggenheim ha abierto una nueva brecha en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). El órgano fiscalizador acaba de aprobar provisionalmente un informe donde analiza las cuentas de las tres entidades encargadas de la gestión del museo -la Fundación, la sociedad Tenedora y la Inmobiliaria- entre 1999 y 2007, y como ocurrió hace nueve meses, el dictamen ha dividido a la cúpula de la entidad. De los siete representantes con voz y voto en el pleno, sólo cinco han avalado el texto: los tres nombrados a petición del PNV y los dos del PP. Los dos miembros designados a instancias de los socialistas han decidido no apoyarlo al discrepar en alguna de las conclusiones.
Aunque el contenido del documento aún no ha trascendido, el principal punto de discordia está, al parecer, a la hora de valorar la actuación del director general del complejo bilbaíno, Juan Ignacio Vidarte, en un episodio relacionado con las ruinosas operaciones de compra de dólares ocurridas a partir de 2002, que ocasionaron unas pérdidas de al menos seis millones de euros.
El anterior informe relacionado con el Guggenheim, aprobado en junio del año pasado, destapaba que en 2004 Vidarte suscribió dos operaciones de compra de divisa estadounidense por valor de 3 millones de euros en nombre de la Fundación Guggenheim, que está integrada por empresas e instituciones. Luego, el mandatario desvió el dinero a la Tenedora, algo que ocasionó unas pérdidas de 800.000 euros a esta compañía, de capital íntegramente público. Aquel movimiento, según la auditoría, impidió «la consecución eficaz del objeto social» de la sociedad Tenedora porque esta entidad, controlada a partes iguales por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco, tiene recogido en sus estatutos que se dedica en exclusiva a la compra de obras de arte. Según desvelaron fuentes del tribunal, uno de los miembros nombrado por el PSE defiende ahora que en el nuevo informe debiera constar que Vidarte cometió entonces una ilegalidad, pero su argumento no es compartido por la mayoría del cónclave.
El documento de la discordia ha tenido como ponente -coordinador del mismo- al propio presidente del Tribunal de Cuentas, José Ignacio Martínez Churiaque, nombrado a proposición del Partido Popular con el beneplácito de los socialistas después del acuerdo que llevó a Patxi López a la Lehendakaritza. Antes de aprobarse, no obstante, el texto debió pasar por el filtro de un equipo de expertos encargado de controlar la calidad del mismo, así como de otro órgano denominado Comisión Técnica de Auditores.
Ya en el pleno, el informe fue objeto de un «largo debate» que se prolongó por un espacio aproximado de dos horas. A juicio de uno de los presentes, el cruce de pareceres discurrió en todo momento «por cauces razonables». Además del mencionado Martínez Churiaque, en la reunión estuvieron presentes José Miguel Bonilla -vicepresidente del tribunal nombrado por los socialistas- y los vocales Gonzalo Vera-Fajardo (PP), Begoña Marijuán (PSE), José María Gorordo, Eusebio Melero y Jesús Mariano García (PNV).
Un largo proceso
Una vez aprobado el dictamen, éste será enviado en los próximos días a la Fundación Guggenheim y las sociedades Tenedora e Inmobiliaria, con el fin de que presenten las alegaciones oportunas si lo creen conveniente. Dichas entidades tendrán para ello un plazo de 15 días desde que reciban la documentación. Con posterioridad, la Comisión Técnica de Auditores deberá revisar las alegaciones y elevar un informe definitivo al pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que otra vez deberá ratificarlo mayoritariamente. Las fuentes consultadas esperan que esto se produzca «después de Semana Santa».
