En el Guggenheim se da una paradoja. Aunque se financia en un altísimo porcentaje con dinero público, las tres sociedades encargadas de su gestión -la Fundación Guggenheim, la Tenedora y la Inmobiliaria- son entidades de derecho privado. El Gobierno vasco está convencido de que ese régimen jurídico limita el control del museo por parte de las instituciones. Ayer mismo, el Parlamento de Vitoria vivió una rocambolesca situación cuando se debatía una proposición no de norma del PP para que los diputados tengan acceso a las actas de las reuniones vinculadas con el recinto bilbaíno. La solución parecía cercana. Hace tiempo que la consejería de Cultura tiene en sus manos esos documentos y quería facilitárselos a los parlamentarios, pero llegado el momento no lo hizo.
Defienden en el área dirigida por Blanca Urgell que cuatro informes jurídicos albergan dudas sobre la legalidad de la medida. Se refieren a un estudio de un técnico del departamento y tres de la Cámara vasca: dos solicitados en 1999 y 2004 en relación a una solicitud de actas de Euskaltel, así como otro de hace unas semanas realizado expresamente para la ocasión. Al Partido Popular le convenció el argumento y, aunque insistirá en su reclamación de las actas, acordó un texto alternativo con los socialistas y EA. Todos los partidos lo respaldaron, salvo el PNV.
En el escrito, el Parlamento insta al Ejecutivo autónomo a que ponga fin «a la falta de transparencia y a la opacidad» de las entidades privadas financiadas o subvencionadas con dinero público. Además, urge al Gobierno a que realice las modificaciones legislativas oportunas para acabar con el problema. Esto último ya está en la agenda del gabinete de Patxi López, que tiene previsto aprobar en el cuarto trimestre de este año la Ley de control de las entidades participadas.
Dicha normativa intenta evitar escándalos financieros como los ocurridos en los últimos años en los museos Guggenheim y Balenciaga incrementando las competencias de la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Pero cuando se comparte la gestión con otra institución -como ocurre en ambos casos- será necesario llegar a un acuerdo con ella. En el museo bilbaíno, por ejemplo, la Diputación vizcaína tiene mucho que decir porque tiene en su poder la otra mitad de la gestión.
Lío de normativas
Mientras la nueva ley ve la luz, el Guggenheim vive inmerso en una confusión jurídica que quedó ayer nuevamente en evidencia en el Parlamento. El debate estuvo repleto de referencias legales, como la que hizo el PNV al asegurar que el reglamento de la Cámara garantiza el derecho de los parlamentarios a tener acceso a las actas del museo. «¿A qué viene pedir al Gobierno un derecho que ya tenemos?», se preguntó Leire Corrales. La representante jeltzale dijo además no entender «qué ha estado haciendo» la consejería de Cultura durante un año para resolver las trabas jurídicas.
Tanto Corrales como el popular Carmelo Barrio, promotor de la proposición no de ley, sacaron a la luz un informe de 2002 de los servicios jurídicos que obligó al Departamento de Educación a facilitar una copia de los acuerdos de un consejo de coordinación.
El problema, según la socialista Pilar Pérez-Fuentes, es que el Guggenheim no es público y está gestionado por tres sociedades privadas que reciben dinero de las administraciones. «El Gobierno no es el dueño de las actas de esas entidades, aunque estén financiadas total o parcialmente con dinero público», lamentó. Aralar, Ezker Batua, UPyD y EA avalaron con su voto favorable esta postura. El PP también lo hizo. Barrio, eso sí, pidió que se cambien aquellos estatutos o reglamentos internos que «dificulten la capacidad de control por parte de las instituciones».
