El pulso que mantienen desde principios del otoño pasado la dirección de Euskotren con los sindicatos mayoritarios (ELA, LAB y ESK) vivió ayer un nuevo capítulo en Bilbao. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) celebró la vista para dirimir si el paro que secundó la plantilla el pasado 9 de octubre -un día después de que un maquinista falleciera en un accidente en Lezama- y que dejó sin transporte a 30.000 vizcaínos fue «una huelga ilegal», tal como sostiene el Gobierno vasco, o si, por el contrario, se trató de «un acto de duelo que contó con la aprobación» de los responsables de la empresa pública, como planteó el abogado de las centrales.
El juicio, que quedó visto para sentencia, evidenció la profunda fractura existente entre los representantes de los trabajadores y los responsables de la compañía. Un conflicto que causó ayer un nuevo perjuicio directo a los usuarios del transporte público, ya que buena parte de la plantilla secundó otro paro, esta vez de dos horas, en solidaridad con los sindicalistas de ESK, LAB y ELA que, a principios de año, fueron expedientados por lo sucedido en octubre. El cumplimiento del castigo disciplinario impuesto está, no obstante, condicionado, en gran medida, a la resolución que ahora tomen los magistrados. Un fallo que declare ajustada a derecho la protesta debería exculpar a los operarios sancionados.
La vista, a la que acudieron como público alrededor de medio centenar de empleados, se centró en el principal argumento empleado por la defensa del comité de empresa. «No se trató de una huelga; simplemente fue un acto de duelo por la muerte de un compañero», aseguró el letrado de los sindicalistas. Para sustentar esta tesis, el abogado apuntó que durante la movilización «no se exigió ningún tipo de reivindicación laboral», como suele ser habitual en este tipo de conflictos.
«Es más, los sindicalistas llamaron a secundar el acto de solidaridad con el convencimiento de que la empresa estaba de acuerdo con la medida», dijo el letrado, que llegó a plantear en sus conclusiones que, en realidad, se trató de «un permiso retribuido». «La historia de las relaciones laborales de esta empresa recoge que se han dado muchas movilizaciones de duelo en los últimos tiempos -citó las que siguieron a varios atentados de ETA, al cierre de Egunkaria o a la muerte de un empleado subcontratado-. Está admitido como algo natural», manifestó. «Además -planteó un nuevo argumento-, no fue una huelga porque se prestó un buen número de servicios y fue respaldada por escrito por 419 empleados».
«Sorpresa» en UGT
Por su parte, la dirección de Euskotren intentó desmontar la teoría de que la protesta fue «una inasistencia masiva». «En verdad, fue una huelga con una repercusión brutal», aseguró su letrada, que dedicó gran parte de la intervención ante los jueces a demostrar que el paro se adoptó «de forma unilateral y sin la aprobación de la empresa de transportes». Para ello, presentó el testimonio de dos sindicalistas (UGT y Trenbideginen). El primero de ellos relató la «sorpresa» que se llevó cuando «el paro de una hora» que habían acordado pasó a 24. «Mostré mi discrepancia», dijo.
Asimismo, el interlocutor de la dirección con los representantes de los trabajadores testificó que «en ningún momento mostré mi acuerdo con la protesta de un día entero» y que presentó «alternativas menos lesivas», pero fueron rechazadas. Según algunas fuentes, el TSJPV podría dictar sentencia en el plazo de un mes.
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