La Justicia francesa indaga si el militante de ETA Jon Anza, desaparecido en Bayona hace diez meses, estaba sometido a vigilancia por algún servicio de las fuerzas de seguridad españolas. Las autoridades galas han pedido a la Audiencia Nacional que averigüe la fuente de una información publicada por el diario Gara con el título 'Un cuerpo policial español habría enterrado a Jon Anza en suelo francés'.
El interés por el origen de esa noticia, publicada el pasado 2 de octubre, es una de las cuestiones que la fiscal de Bayona Anne Kayanakis plantea en una solicitud de cooperación judicial internacional enviada a Madrid. La petición fue tramitada ese mismo mes a raíz de la aparición en el citado rotativo de la versión del fallecimiento de Anza en el transcurso de un interrogatorio ilegal, atribuida a «fuentes que han tenido contacto con conocedores directos del caso».
La demanda de ayuda incluye la averiguación de la situación física, psicológica y familiar de Anza así como el examen de los movimientos habidos en sus cuentas bancarias y en su línea telefónica en España, si las tuviere. Además solicita el cotejo de huellas con cadáveres no identificados a partir del pasado 18 de abril, fecha de la desaparición. Por último, insta la práctica de toda diligencia útil al esclarecimiento del caso.
La solicitud francesa ha correspondido por reparto al juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, que será el encargado de ejecutar las pruebas solicitadas. Si en el transcurso de la investigación aparece algún indicio que pudiera relacionar la desaparición de Anza con España, el magistrado podría abrir diligencias para instruir la causa en su juzgado.
La pista española es una de las hipótesis de trabajo manejadas por la fiscal de Bayona, que mantiene abierto un canal de comunicación a través del juez Patrice Ollivier-Maurel, magistrado de enlace francés en Madrid. Kayanakis ya ha encargado a la Policía Judicial gala que compruebe si Anza figuraba entre los objetivos de los agentes españoles en el marco de la cooperación bilateral transfronteriza.
La fiscal de Bayona justifica la iniciativa por la aparición en las últimas semanas en los medios de comunicación de testimonios relativos a «la hipótesis de un secuestro por policías clandestinos españoles». «¿Había un servicio especialmente encargado de vigilarlo de cerca? De momento no tengo informaciones. Pero es lo que trato de saber», explicó ayer a este periódico.
La responsable de la investigación, abierta en mayo tras una denuncia de la familia, también ha ordenado verificar los eventuales vínculos entre la desaparición de Anza con el arresto, horas después del mismo día en el otro extremo de los Pirineos, de Jurdan Martitegi, considerado entonces el jefe del aparato militar de ETA, en una operación policial hispano-francesa. Pero los especialistas galos «no ven correlación» en la simultaneidad de dos acontecimientos que atribuyen a una coincidencia «meramente fortuita».
