Una de cal y otra de arena. Un mensaje a los mercados y analistas que han puesto a España contra las cuerdas por su debilidad y poca ortodoxia económica y otro, más de consumo interno, al españolito de a pie, desconcertado ante un Gobierno que acaba de proponer la subida de la edad de jubilación a los 67 años. A los primeros, «somos un país serio»; y a los segundos, la cohesión social es «la gran seña de nuestra identidad colectiva» y no se va a perder. Apenas medio día después de que los pesos pesados del Ministerio de Economía intentaran calmar a la City londinense prometiendo medidas para bajar el déficit del 11,4% al 3% en tres años, el presidente Zapatero anunció ayer que este viernes su Gobierno va a prorrogar durante medio año la prestación de 420 euros para parados sin cobertura. Es decir, más gasto público y más déficit -costará unos 500 millones-, porque a su juicio «merece la pena hacer este esfuerzo» para que las políticas que han sido su santo y seña no salgan «menoscabadas».
La medida, que con la correspondiente subida se traduce en 426 euros al mes, es, sobre todo, simbólica. De hecho, apenas supondrá ayudar a unas 200.000 personas, con lo que el número de beneficiarios llegará a medio millón -hasta ahora se han acogido 318.200-, y simplemente supone prolongar en el tiempo una decisión que echó a andar en pleno agosto y envuelta en la polémica por la fecha de implantación. Ni siquiera es inesperada, ya que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se mostró el pasado 25 de enero partidario de prorrogar las ayudas en un contexto en el que el paro va a seguir subiendo, aunque de forma más atenuada.
Pero Zapatero, jefe de Gobierno de un país con más de cuatro millones de personas en las oficinas del paro, tiene claro que la crisis hace necesarios «serios sacrificios de todos», pero que su obligación es trabajar para que los que más dificultades tienen «sean los que menos sacrificios tengan que hacer».
En ese contexto, y ante sus correligionarios socialistas, pronunció el anuncio. Es decir, un guiño a la cohesión social. Lo que no le impidió, horas después y en el mismo marco, el Senado, subrayar que no hay cambio de rumbo en su política económica porque es compatible combinar estos mensajes de corte más populista con la seriedad, incluso aburrida, que trasladaron sus colaboradores en Londres el pasado lunes y en París ayer.
Cuestión de credibilidad
No hay cambio de rumbo y el objetivo es avanzar hacia la recuperación y cambiar el modelo productivo, con el compromiso de preservar la ayuda a los más débiles. «Lamento (decir) a quienes vienen hablando de giro o cambio de rumbo, que sencillamente es incierto», dijo el inquilino de La Moncloa, tras explicar el «aumento extraordinario del déficit público» que se ha producido, y que ahora afean los analistas internacionales, por la necesidad que hubo el año pasado de afrontar la crisis y sin el cual los efectos de la recesión habrían sido «más negativos».
Zapatero, ya embutido en el traje del rigor, apeló a la «credibilidad» que su Ejecutivo exhibió entre 2004 y 2008 al lograr superávit presupuestarios en todos los ejercicios para asegurar que logrará, del mismo modo, reducir el déficit al 3% tal y como exige Bruselas. Y recordó que el recorte de 50.000 millones de euros que plantea hasta 2013 es «exigente, pero no indiscriminado», porque no afectará, reiteró, a la dependencia, la educación o el I+D+i y seguirá buscando preservar la cohesión social.
El presidente, que insistió en la necesidad de que también se impliquen en la austeridad las administraciones autonómicas y locales, explicó la caída de la Bolsa de la pasada semana -un 7,7%- como un reajuste normal tras el «gran despegue» del mercado de valores en 2009, cuando se revalorizó un 28% y por encima de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o EE UU, y como el producto de movimientos especulativos contra el euro.
En suma, y en un último mensaje tranquilizador -esta vez a los parqués-, enfatizó que quienes dudan de la fortaleza y solvencia españolas deben saber que tiene una deuda veinte puntos por debajo de la media europea y el PIB y la renta per cápita más altas de su historia. Esto es, un país «fuerte» que «sabe reducir su déficit».
Poco después, llegó desde Londres otro mensaje positivo: un responsable de la agencia de calificación de riesgos Fitch consideró que la economía española sigue ofreciendo garantías para que su deuda soberana mantenga la máxima calificación, la triple A.
