Consuelo Elosua y Alejandro Sanz, integrantes del colectivo ecologista Lur Maitea, deberán depositar hoy 40.000 euros ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao. Si eluden hacerlo, no irán a prisión, pero verán sus cuentas embargadas. Los dos miembros del grupo conservacionista han sido procesados por un delito de calumnias contra el alcalde de Derio, Lander Aiarza, al que la asociación acusó en noviembre de 2006 de «otorgar licencias para construir cada vez más cerca del aeropuerto, a sabiendas de su injusticia (prevaricación)».
El magistrado, que aún no ha fijado fecha para el juicio, ha dictado esta medida cautelar en contra del criterio del fiscal, que solicita la libre absolución de ambos activistas al entender que no cometieron delito alguno. Los ecologistas protestaron ayer por la imposición de la fianza. «Nos condenan a priori, sin haberse celebrado siquiera la vista», lamentaron. Además, criticaron el hecho de que sólo se les haya concedido «un plazo de 24 horas» para presentar el dinero. «Solicitaremos un aplazamiento para intentar hacer frente a esta fuerte suma», anunciaron.
El enfrentamiento entre Lur Maitea y el regidor de Derio viene de lejos. La asociación ecologista es una de las más activas de Vizcaya. Cuenta con casi dos décadas de historia a sus espaldas y ha centrado su actividad en la lucha contra el ruido y en pedir responsabilidades por la gestión del pesticida lindane. El colectivo está también presente en la comisión de seguimiento del Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto. Fue precisamente el asunto de la contaminación acústica el que supuso el detonante del conflicto.
Insultos y provocaciones
En 2006, Lur Maitea reprochaba a los consistorios del Txorierri «no hacer absolutamente nada» para combatir este problema. Un mes después de emitir el comunicado en el que vertían sus acusaciones contra los regidores de Loiu, Derio y Erandio, los dos activistas protagonizaron un altercado con Aiarza y con el asesor urbanístico del Ayuntamiento, Luis Eskauriaza, en el transcurso de un pleno municipal. Éste funcionario admitió haber llamado «puta mentirosa y maleducada» a Elosua ante «sus provocaciones y debido al grado de excitación en el que me encontraba». Los conservacionistas le demandaron a él y al alcalde. El caso fue sobreseído.
También fue archivada, en un primer momento, la querella que ahora lleva a los ecologistas a sentarse en el banquillo de los acusados. El juez entendió que los ecologistas actuaron de buena fe -creían estar denunciando irregularidades, dijo en un auto-y ejercieron su libertad de expresión. Sin embargo, la Audiencia provincial ordenó reabrir después el proceso.
