En los últimos quince años, las 660 familias -en su mayoría vizcaínas- que tienen sentencias firmes de derribo pendientes de ejecución en Cantabria han pasado por momentos muy duros. Sin embargo, para muchos, los últimos días están siendo «los peores». El Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJC) ha mostrado su rechazo al plan elaborado por el Gobierno de la comunidad vecina para tratar de legalizar y dar amparo a unos compradores que adquirieron sus viviendas con todos los permisos legales en regla. Para muchos de los afectados, esta iniciativa era la última esperanza para salvar sus casas de la piqueta.
«Ha sido un mazazo increíble», aseguraba ayer Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratatados por la Administración (AMA), colectivo que engloba a la práctica totalidad de las familias. «Estamos muy dolidos, pero no podemos tirar la toalla», aseguró.
Los jueces tumbaron el plan promovido por el equipo del presidente Miguel Ángel Revilla en un auto en el que instan a la demolición de una urbanización de 78 casas en Argoños. La urbanización Pueblo del Mar I era el caso cuya legalización era «más sencilla». La barriada, que se asienta sobre suelo urbano consolidado, fue condenada por invadir parcialmente los terrenos de la vecina localidad de Noja. Una situación que después se aclaró con la aprobación de un nuevo deslinde.
«Padecemos una injusticia»
En su providencia, los magistrados del TSJC van de lo particular a lo general y aseguran que «el Gobierno de Cantabria no es parte obligada en el cumplimiento de las sentencias». Es decir, que el Ejecutivo regional no es parte interesada en este litigio. Además, apuntan que el plan contra los derribos «no contiene medidas de ejecución de las sentencias recurridas», lo que es interpretado como un rechazo frontal a una iniciativa que fue avalada por el Parlamento y que recogía el espíritu de solución defendida por las autoridades legislativas europeas y por el Defensor del Pueblo. «Ya no sabemos qué más hace falta para que se repare la injusticia que padecemos», insistió Vilela.
Con todo, el presidente de AMA anunció que seguirán luchando para evitar «una terrible injusticia». Además de movilizarse, la asociación intentará ahora que el plan de actuación para salvar las urbanizaciones sea aprobado en el Parlamento, con rango de ley, en un intento de blindarse contra las decisiones de los jueces.
