La modificación del contrato de fomento del empleo es la estrella de la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Los cambios, en palabras del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, estarán encaminados a descargar a las empresas de sus costes, pero no tocarán un ápice los derechos de los trabajadores. De sus declaraciones se desprende que el mercado de trabajo español podría contar en breve con una medida novedosa encaminada a subvencionar el precio del despido. La manera de lograrlo estaría basada en experiencias europeas. Una de ellas es la creación de un fondo cuya financiación sería a determinar en la negociación, dado que el jefe del Ejecutivo insistió en que su proyecto está abierto al consenso con los dos grandes sindicatos, CC OO y UGT, y las patronales CEOE y CEPYME.
Rodríguez Zapatero quiso tomar ayer las riendas de la reforma y del diálogo social tripartito, que tantos dolores de cabeza le dio en julio. Y decidió comunicar personalmente a los agentes sociales su propuesta. Para ello citó en La Moncloa a los líderes de las cuatro organizaciones y les explicó su proyecto durante más de tres horas. Tanto los secretarios generales de Comisiones y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, como los presidentes de las patronales, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, salieron satisfechos.
Los primeros porque no veían indicios de que el presidente abogara por el abaratamiento del despido ni por la creación de un nuevo modelo de contrato. Los segundos porque consideran que las propuestas son un buen punto de partida, aunque Díaz Ferrán apostó por introducir otros cambios profundos. Como novedad, los dos patronos de patronos comparecieron ante los medios por separado. Bárcenas quitó importancia al hecho y destacó el papel fundamental que tienen las pequeñas y medianas empresas en el tejido productivo del país, por lo que merecen su propio espacio.
El contrato de fomento del empleo, de carácter indefinido, nació en 1997 con el consenso de empresarios y sindicatos. Posteriormente, recibió el visto bueno del Gobierno, entonces del PP. Se trata de una modalidad que facilita el empleo estable de parados y de ocupados con colocaciones temporales. Su principal característica es que conlleva un despido más barato que el correspondiente al contrato indefinido ordinario. Las indemnizaciones en la ruptura improcedente se quedan en 33 días por año de servicio, en lugar de los habituales 45 días. También rebaja las mensualidades a pagar; en lugar de 42, a 24.
Para Rodríguez Zapatero es imprescindible reducir la excesiva temporalidad del mercado de trabajo, lo que obliga a adoptar medidas que «ensanchen la contratación indefinida». Aseguró que todos los interlocutores coinciden en la conveniencia de buscar una fórmula que fomente los contratos indefinidos y, para ello, «tenemos el contrato de fomento». «Hay un camino para lograr ese objetivo, pero hay que desarrollarlo en un proceso de diálogo», insistió. El jefe del Ejecutivo subrayó que su proyecto está «muy meditado» con «una última lectura en el Consejo de Ministros». Es decir, que hasta ayer mismo, la propuesta no se daba por concluida.
Comunidades autónomas
Junto a la modificación de ese contrato, el presidente destacó otra prioridad de la reforma: que los jóvenes encuentren empleo. Su idea es un programa específico basado en la cooperación con las comunidades autónomas, encaminado a sacar del paro a los menores de 25 años, con escasa cualificación profesional o muchas dificultades (por diversos motivos) para el reciclaje laboral. En este punto, aseguró que cuenta con la satisfacción de los sindicatos.
Otra iniciativa descrita por Rodríguez Zapatero es la utilización de la reducción de jornada como ajuste laboral, en lugar de los despidos. El presidente reiteró que su proyecto «tiene muchos contenidos» que ayudarán a frenar la destrucción de puestos de trabajo y a salir laboralmente de la crisis de la mejor manera posible. Incluso habló de crear empleo con bajos índices de crecimiento económico, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado. Igualmente, en la propuesta del Gobierno figura la revisión del contrato a tiempo parcial y del sistema de bonificaciones actualmente agotado, de la introducción de la intermediación laboral privada, mejoras para desterrar cualquier discriminación laboral y un mayor control del absentismo.
El presidente abogó, como el resto de interlocutores, por emprender inmediatamente la negociación para que el acuerdo se logre en el menor tiempo posible, pero rehusó poner una fecha tope. «Sería absurdo», comentó. «Lo que tenemos que hacer -continuó- es ponernos manos a la obra».
Al principal partido de la oposición, el PP, no le gustó el planteamiento de Zapatero. Su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, consideró que la propuesta formulada en La Moncloa a los agentes sociales es un «desaire» a los más de cuatro millones de parados, así como a las pymes y a los autónomos.
«No estamos para documentos llenos de buenas intenciones», sino para «medidas concretas» que den respuesta a la situación de deterioro que atraviesa España y que «devuelvan la confianza a los mercados y a los ciudadanos». Montoro también lamentó que Zapatero ponga «deberes» a patronal y sindicatos pero él siga «sin adoptar ninguna decisión» como presidente del Gobierno.
