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Los inspectores de Hacienda defienden su independencia en procesos penales

La organización sale al paso tras la controversia por la situación fiscal de la infanta Cristina y rechazan que sea su tarea depurar conductas presuntamente delictivas

EFE

Jueves, 5 de diciembre 2013, 19:27

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La organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) asegura que la Agencia Tributaria nunca ha depurado conductas presuntamente delictivas porque sólo corresponde a los jueces y a los tribunales juzgar delitos, incluidos los fiscales. En un comunicado y después de la controversia en torno a la situación fiscal de la infanta Cristina en el marco del caso Nóos, los inspectores de Hacienda aclaran que la colaboración entre la Agencia Tributaria y los jueces es fundamentalmente sobre la cuantificación de cuotas presuntamente defraudadas por un contribuyente y que en cualquier caso siempre debe ser ratificado por los tribunales.

En este sentido, añade que los informes requeridos por auxilio judicial a los inspectores "en ningún caso" son vinculantes, ni para las partes, ni para el Ministerio Fiscal, "ni mucho menos para la Autoridad Judicial" y recuerda que la Agencia Tributaria "no fiscaliza" la labor de los jueces ni cuestiona las decisiones que adopten. "La determinación del grado de participación de las personas en un presunto delito, y por consiguiente, la imputación de los rendimientos a una persona u otra, corresponden en exclusiva a la Autoridad Judicial, sin perjuicio de los hechos y valoraciones que resulten de los informes periciales", indica la IHE.

Asimismo, las aclaraciones de la IHE se producen después de que el director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones, presentara su dimisión el pasado martes y la desvinculara de "ningún intento de injerencia, ni de carácter político ni de ningún otro tipo". En un escrito Jones aseguró ayer que su dimisión tampoco tiene relación con la actuación de la Agencia Tributaria en ningún expediente o caso concreto.

Los inspectores de Hacienda del Estado defienden el auxilio judicial prestado por los funcionarios de la Inspección Regional de Cataluña, por su "profesionalidad" y "trayectoria impecable en defensa de los intereses públicos", y valoran la independencia de todo el cuerpo de funcionarios de la AEAT. Por todo ello, piden prudencia y respeto hacia su profesión y repudian las manifestaciones realizadas por el sindicato de la Agencia Tributaria, Ghesta, por ser "inexactas e injustas".

Destituciones en cadena

Por otra parte, el Gobierno ha eludido cuantificar el número de destituciones que se han producido entre los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) desde enero de 2012, argumentando que "cualquier nombramiento en un puesto de libre designación necesariamente implica el cese en el puesto que se venía ocupando anteriormente", y asegura que algunas de estas suspensiones se han debido a promociones internas. Así lo señala en una respuesta parlamentaria al portavoz económico de UPyD en el Congreso, Alvaro Anchuelo, quien el pasado 23 de septiembre presentó una pregunta escrita sobre este asunto, a raíz de las denuncias de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda sobre los más de 300 ceses que habían tenido lugar en apenas 20 meses de legislatura, incluyendo la dimisión de la anterior directora general de la AEAT, Beatriz Viana, y de la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Aunque el diputado de la formación magenta quería saber el número exacto de destituciones entre principios de 2012 y la fecha de la pregunta, es decir, septiembre de 2013, así como conocer las razones de "tan alto número" de ceses, en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo se limita a señalar que "no es posible facilitar el dato porque cualquier nombramiento en un puesto de libre designación necesariamente implica el cese en el puesto que se venía ocupando anteriormente". "Muy frecuentemente ocurre que dichos nombramientos recaen en funcionarios que previamente ocupaban puestos de libre designación, que son cesados para promocionar a puestos de mayor responsabilidad", añade el Gobierno, subrayando que en todos los casos los ceses se realizaron con respecto a la normativa aplicable, que permite la "discrecionalidad" en estas decisiones cuando afecten a puestos de libre designación.

En cuanto a las razones para esta tasa de destituciones, la respuesta parlamentaria argumenta que "los cambios en los equipos directivos tienen relación con la capacidad de autoorganización reconocida a las administraciones públicas y con los procesos de renovación que se producen con el objetivo de alcanzar mayores niveles de eficacia", y asegura que "no existe ningún tipo de injerencia política en la gestión de la AEAT, que se caracteriza por ser desarrollada por personal altamente especializado".

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