El SUP ve una «barbaridad» la instrucción de identificar a los 'escraches'

"Identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de la normativa de Seguridad Ciudadana, advierte el portavoz del sindicato policial

REDACCIÓN MADRID

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha considerado una "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial en los escraches, ya que pone a los agentes "a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica. Benito ha criticado así la instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que se ha distribuido por todas las comisarías y en la que se señala que la policía deberá proceder "en primer lugar a identificar para sancionar a quienes participen" en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos.

La medida surge tras las diferentes denuncias interpuestas por algunos dirigentes del PP por amenazas y coacciones por parte de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha recuperado una práctica, el 'escrache', utilizada en Argentina para señalar y presionar a personas relacionadas con la dictadura. Según explica la PAH en su página web, con este tipo de acciones pretende "informar" a los diputados de las "consecuencias dramáticas" que podría tener rechazar la dación en pago.

La instrucción de Interior indica asimismo que los agentes procederán a la detención de esas personas "conforme a la legislación vigente" si "se tratara de actos constitutivos de delito". "Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", ha subrayado el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía.

Benito ha recordado que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella. No obstante, ha señalado que la instrucción supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de esa normativa. Una lectura que, ha advertido, puede llevar a identificaciones masivas "sin cobertura legal alguna", lo que, en su opinión, pone en "riesgo" la seguridad jurídica de los policías.

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