Urdangarin dice que no cometió ninguna irregularidad y que no debe responder con su patrimonio

Iñaki Urdangarin cree que no hizo nada mal, que los contratos con las administraciones balear y valenciana eran absolutamente "correctos" y que, en modo alguno, debe responder con su patrimonio a la fianza civil de casi 8,2 millones de euros que le reclama Anticorrupción.

Mario Pascual Vives, el letrado del duque, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el escrito de alegaciones en el que se opone a la millonaria caución con argumentos muy similares a los ya utilizados por Diego Torres: las adjudicaciones de los Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 y de los Illes Balears Forum que supusieron un desembolso público cercano a los seis millones de euros fueron legales, no hubo trato de favor y se respetaron las normas de contratación públicas por el Instituto Nóos era una organización sin ánimo de lucro.

El escrito de Vives, cuyo contenido exacto aún se desconoce, según fuentes judiciales, insiste en negar absolutamente todos los cargos que se imputan al duque de Palma (malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias... entre otros) porque si los contratos fueron legales su cliente es totalmente inocente y no debe devolver ese dinero ni afrontar un tercio más de multa. Es más, en el escrito se afirma que Urdangarin no ha percibido "cantidad alguna" de los convenios rubricados por el Instituto Nóos con Baleares y la Comunidad Valenciana y que tampoco sus actuaciones han generado "daño o lesión patrimonial de ninguna clase".

Según ha explicado el letrado, su escrito además recalca que el yerno del Rey no tiene que pagar fianza alguna porque no ocupaba puestos ejecutivos en el Instituto Nóos, sino que solo tenía una mera "función representativa" en la asociación con la que presuntamente se desviaron fondos públicos. Se trata de la misma estrategia que ya usó el duque en su declaración ante el juez José Castro en febrero de 2012, cuando culpó de todo a su exsocio y el se presentó como una suerte de fachada del instituto, pero sin ninguna responsabilidad en la gestión de los contratos ni del día a día. El abogado de Urdangarin ha agregado también que no le consta que, por el momento, haya algún comprador interesado en adquirir el palacete que los duques de Palma poseen en Barcelona, que el matrimonio ha puesto a la venta.

Poco antes de que Urdangarin presentara su escrito de alegaciones, lo había hecho Torrres. El exprofesor de Esade, al menos esta vez, no culpa a su exsocio, sino que ahora se presenta como supuesta víctima de supuestos funcionarios y gobiernos corruptos, que le engañaron firmando convenios amañados, aunque fuera él el que luego se enriquecía.

Manuel González Peeters, letrado de Torres, aprovecha su escrito de alegaciones para presentar a su cliente como ignorante de todo. "¿En qué cabeza cabe que Diego Torres Pérez pudiera tener la más mínima duda acerca de la bondad y, por tanto, absoluta licitud, de los acuerdos de colaboración firmados y demás, teniendo en cuenta quiénes los firmaban?", explica el recurso, que insiste en que era imposible que Torres intentara forzar un trato de favor de los funcionarios y políticos valencianos y baleares que adjudicaron a dedo millonarios contratos a Nóos porque no los conocía de nada.

"Es insostenible que Diego Torres pudiera presagiar ni en sueños que pudiera existir un atisbo de ilicitud" en aquellas adjudicaciones, apostilla el escrito de González Peeters, que afirma que su cliente se fió en todo momento de las administraciones y, en particular, de la supervisión que las instituciones baleares hicieron de aquellos convenios. En esa línea, recuerda que el propio Gobierno de Matas auditó todos los "contratos, convenios o aportaciones en los que intervenía la Fundación Illesport. Y que, incluso, la Sindicatura de Cuentas, falló que los contratos con Nóos eran "acordes con la normativa vigente".

Con esos argumentos, la defensa de Diego Torres recomienda a Anticorrupción y juez que redirijan sus pesquisas y vayan contra los funcionarios y altos cargos públicos que habría cometido la prevaricación que está en el origen de todo el caso y que sean ellos los que abonen la fianza. Antes habría que determinar quién o quiénes son los autores (de la prevaricación) y, a partir de ahí, cabría pretender respecto a los responsables civiles subsidiarios, pero no cabe alterar el orden de las cosas de forma arbitraria, pues ello es incompatible con el ordenamiento jurídico, afirma el escrito.