El Gobierno indulta a un kamikaze que fue condenado a 13 años de cárcel

El Gobierno ha indultado a un conductor kamikaze que causó un choque mortal en la A-7 en 2003 y que fue condenado a 13 años de prisión por la Audiencia de Valencia. El Real Decreto, fechado el pasado 7 de diciembre, conmuta la pena de cárcel por una multa de seis euros diarios durante dos años con la condición de que el conductor abone las indemnizaciones que se recogen en la sentencia. El otro de los requisitos para concederle el indulto es que no cometa ningún otro delito en los próximos cinco años.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2003. «No recuerdo por qué hice algo así», explicó Ramón Jorge Ríos ahora indultado para explicar su conducta al volante. Circuló cinco kilómetros en sentido contrario por la A-7, a la altura de Polinyà del Xúquer. Casado y con un hijo nunca había tenido ningún problema con la Justicia. Ocupaba un puesto de responsabilidad en una empresa automovilística.

Los motivos que le llevaron a actuar de esta forma son a día de hoy un auténtico misterio. Las pruebas de alcoholemia dieron negativo. Sólo recordaba que cogió el coche tras una comida de trabajo y el peaje a la altura de Silla. «Jamás hubiera actuado así de ser consciente», insistió.

Numerosos conductores fueron testigos de la peligrosa conducta de Ríos, quien circulaba a una velocidad considerable por el carril izquierdo y no reparó en las señales del resto de usuarios, que alertaban con las luces y el claxon de que avanzaba incorrectamente por la vía.

El destino no pudo ser más cruel con José Alfredo Dolz. El joven viajaba en compañía de su novia. Ella se salvó. «Era como una bala», relató al tribunal de la sección cuarta de la Audiencia.

La reacción al indulto por parte de los asociaciones de víctimas no se hizo esperar. Ana Novella, de Stop Accidentes, lamentó la decisión «teniendo en cuenta que cuesta mucho que salgan este tipo de sentencias». Un fallo con una pena elevada por un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso con uno de homicidio.

Esta resolución es, a su juicio, «incongruente» mientras se pretende reducir las víctimas por accidentes de tráfico.

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