La exseleccionadora española de sincronizada Anna Tarrés. / Archivo
La justicia ha estimado en parte la demanda de Anna Tarrés contra la Federación Española de Natación (RFEN) y su presidente, Fernando Carpena, por lo que cobrará su sueldo como seleccionadora de sincronizada hasta el final de su contrato, el próximo 31 de diciembre, pero no ejercerá como tal ni percibirá los 359.000 euros que reclamaba por atentar contra sus derechos fundamentales. El Juzgado de lo Social número 2 de Terrassa (Barcelona) ha ordenado restituir a Tarrés en su cargo, aunque la «exonera de prestar servicios efectivos a la federación», y ha desestimado la indemnización que solicitaba la entrenadora: 309.010 euros por daños y perjuicios materiales (cantidad equivalente a los salarios de dos años) y 50.000 por daños morales.
El juez reconoce que la decisión de la RFEN de relevar de sus funciones a Tarrés «constituye una vulneración del derecho al honor de la demandante por afectar a su prestigio profesional» y por ello declara nula su destitución y ordena reponerla en su puesto hasta el término de la relación contractual prevista para el último día del año. La sentencia rechaza sin embargo que la exseleccionadora de sincronizada haya sufrido acoso por parte de la federación o que este organismo haya participado en la elaboración de una carta de las nadadoras en la que acusaban a Tarrés de malos tratos y vejaciones. Ante dicha resolución, la exseleccionadora podrá presentar recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El enfrentamiento entre Anna Tarrés y la RFEN estalló el pasado 6 de septiembre, cuando el presidente de este organismo, Fernando Carpena, comunicó «de forma verbal» a la técnico catalana la extinción de su contrato, después de las dos medallas olímpicas conquistadas por el equipo de sincronizada en los Juegos de Londres. Tarrés, seleccionadora desde 1997, considera que tras la cita olímpica ha sido víctima de una campaña de desprestigio y difamación orquestada desde la federación para justificar su despido. Tarrés denuncia que aún no ha cobrado los 65.000 euros en premios por las medallas conseguidas este año, que ha sido sancionada en varias ocasiones, «por hechos que no constituían ningún tipo de infracción», y que se han propagado «falsos rumores perjudiciales» para su persona (entre ellos, que se apropió de dinero de las nadadoras y que ocultó un positivo por dopaje). «Ninguno de tales hechos puede reputarse ocurrido como tal», afirma la sentencia firmada el 20 de noviembre.
Según la exseleccionadora, el presidente de la RFEN tenía «intención» de despedirla «ya desde su elección como presidente a finales del año 2008». Desde entonces, asegura haberse visto «sometida a una serie de actuaciones hostiles» por parte de la federación. En su demanda ante el Juzgado de lo Social, Anna Tarrés también fundamentó sus reclamaciones laborales y económicas en «la promoción de una carta firmada por quince nadadoras» en la que se atribuyen a la técnico una serie de actuaciones que perjudican su honor y reputación y que, en su opinión, «ha supuesto la pérdida de posibles contratos de trabajo».
