La decisión del Tribunal Constitucional que, por seis votos a cuatro, avala la mayor parte del Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña y por las Cortes españolas y refrendado por la ciudadanía catalana pone fin en el terreno jurídico a la injustificable inseguridad legal que pesaba sobre la norma autonómica. El hecho de que el contenido literal de la sentencia y de los votos particulares vaya a demorarse varios días obliga a analizar con cautela el alcance del fallo, que recorta 15 artículos de la ley estatutaria, fuerza una reinterpretación de otra treintena y remarca que la inclusión en el preámbulo del término 'nación' carece de validez jurídica al tiempo que incluye una mención expresa a la indivisibilidad constitucional del Estado español. Pero a la espera de conocer el texto exacto de la resolución del TC, inclinada finalmente hacia la denominada mayoría progresista en la que se encuadra la presidenta de la institución, María Emilia Casas, el fallo tiene la virtualidad de zanjar un debate judicial que se había prolongado de manera inasumible durante cuatro años. Un largo tiempo en el que la dilación del Tribunal sólo ha contribuido a dañar su credibilidad en medio de una continuada diatriba política, provocando, además, la paradoja de que un texto cuya constitucionalidad estaba siendo cuestionada hubiera entrado en vigor y estuviera aplicándose con la legitimidad propia de la aprobación parlamentaria y ciudadana. Pero una vez producida la sentencia, los actores directamente concernidos deben conducirse con extrema responsabilidad para no agravar con sus posiciones las divergencias a las que pueda dar lugar una decisión jurídica que estaba condenada a no satisfacer después de todas las zozobras provocadas por la turbulenta gestación y refrendo del Estatut. Esta apelación afecta al Gobierno de Zapatero en un momento muy delicado de la legislatura; al PP, principal recurrente de la norma estatutaria; y singularmente a la Generalitat y a los partidos catalanes, ya en la precampaña para las autonómicas. La actuación del Constitucional se ajusta al funcionamiento del Estado de Derecho, y como tal debe ser respetada sin incurrir en la tentación de avivar desafíos de resultado tan incierto como inquietante.