Si echamos la vista atrás, hasta las primeras elecciones para el Parlamento vasco, realizadas en marzo de 1980, e intentamos valorarlas con 30 años de distancia y hacer un balance de su importancia en la vida política vasca, probablemente habrá tantos puntos de vista como opiniones se emitan.
Quizás podamos coincidir, todos los que de una u otra manera fuimos partícipes de su puesta en marcha, en lo positiva que resultó la elección por primera vez de una Cámara legislativa, representativa de la voluntad popular, que agrupa al conjunto de los territorios vascos que voluntariamente decidieron formar parte de la comunidad autónoma, según las previsiones del Estatuto de Gernika, aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979.
Primer y único órgano institucional, colectivo, de Euskadi; primer y único órgano representativo de un pueblo, de una ciudadanía que decide romper sus fronteras provinciales y apuesta por lo que podemos llamar 'el hecho nacional' vasco, recogiendo el concepto de nacionalidad plasmado en la Constitución española.
La composición de ese primer Parlamento-Eusko Legebiltzarra, fue de una evidente mayoría nacionalista: sobre 60 escaños (20 por provincia), el PNV obtuvo 25, HB 11, el PSE 9, UCD 6, EE otros 6, AP 2 y el PCE-EPK 1. Una mayoría nacionalista que, sumando PNV, HB y la EE de la época, instalada todavía en el nacionalismo posibilista, alcanzaba 42 escaños, el 70% de la Cámara, siendo solamente el 30% restante para los partidos no nacionalistas.
Un resultado electoral que obedeció a muchos factores, pero el principal fue la actitud respecto al Estatuto de Autonomía recién aprobado: el PNV fue el principal beneficiario de su puesta en marcha, mientras HB capitalizó totalmente la oposición al mismo. AP se perdió en el marasmo provocado por su abstención al Estatuto, en tanto que UCD empezaba ya su proceso de descomposición y la izquierda vasca asistía perpleja a una importante e inquietante disminución de su voto, en particular el PSE, que no fue capaz de movilizar a parte de sus electores tradicionales, en apoyo de la autonomía y el vasquismo.
La no participación en el Parlamento de los 11 electos de HB otorgó al PNV una mayoría de 25 a 24 sobre todo el resto de los grupos políticos. Mayoría exigua y no representativa del conjunto de la Cámara (por la ausencia de los abertzales radicales), pero que el PNV, impulsado por el lehendakari Carlos Garaikoetxea, utilizó como un rodillo en aquella primera legislatura, que estableció, a modo de una Cámara constituyente, todo lo relativo a los elementos simbólicos y a la organización básica del país. Todavía hoy estamos pagando aquellos pasos mal dados, pero tan difíciles de desandar: tenemos un himno que la ciudadanía vasca desconoce (y además sin letra, con lo que por aquí gusta cantar...), un escudo cuya composición requiere explicaciones constantes, una Ley de Territorios Históricos que crea muy graves disfunciones interinstitucionales...; por no hablar de la capitalidad que todavía hoy chirría a un hombre tan sensato como el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. Hay que recordarle que fue su partido (con José María Makua, a la sazón diputado general de Vizcaya, emitiendo su voto provitoriano entre sollozos) el que impuso Vitoria-Gasteiz como sede de las instituciones comunes, en la primera ley aprobada por el Parlamento vasco, el 23 de Mayo de 1980. El único voto pro Bilbao lo emitió quien esto suscribe.
No empezamos bien, el enfrentamiento fue la norma, no la búsqueda de acuerdos. Pero en 30 años el Parlamento vasco se ha ganado su papel ante la ciudadanía: es una institución bien valorada, que trabaja mucho, que controla al Ejecutivo y es sensible a las demandas sociales. Una Cámara que ha tenido presidentes de PNV, de PSE, y ahora del PP, que ha sabido jugar a la alternancia y al respeto entre los representantes de los diferentes partidos.
Sólo me planteo una doble reflexión: por un lado, creo que sería óptimo para el Parlamento que la actitud del mundo de Batasuna, cortando toda relación con ETA, permitiera su plena participación política, dando a la Cámara la máxima capacidad de representación. Y, por otro lado, creo que ha llegado el momento de plantear, vía modificación estatutaria, los cambios legales que permitan una reforma de la representación territorial (actualmente paritaria, 25 escaños por provincia) que hoy no garantiza resultados plenamente democráticos desde el momento en que los votos en Vizcaya valen menos que en Guipúzcoa y mucho menos que en Álava. Somos una sociedad lo suficientemente madura como para corregir estos dislates del pasado.
