La historia de ETA está llena de 'saltos cualitativos', un término ya desgastado y que simboliza la espiral de violencia en la que vive sumergida la organización terrorista. El asesinato el martes en la localidad francesa de Dammarie-les-Lys del brigada de la Policía local Jean-Serge Nérin se enmarca en esa descripción: acciones que la banda no se había atrevido a realizar por un cálculo estratégico pero que acaba cometiendo por su inexorable militarismo. Y cada vuelta de tuerca implica, a largo plazo, una mayor condena al abismo, sin posibilidad de vuelta atrás.

La propia debilidad actual de la banda tiene su origen en la cadena de saltos cualitativos que han convertido a la organización terrorista en un grupo radicalizado y sectario, con nulas expectativas políticas. Hasta tal punto que cada atentado se vuelve en contra suya. Muchos de estos límites rotos -en ocasiones de forma fortuita y no por estrategias definidas- no tuvieron efectos a corto plazo pero sí un alcance pasado el tiempo. No son olas que destrozan el barco pero sí una lenta podredumbre del casco que conduce al inevitable naufragio. Y además, sus consecuencias han sido externas e internas. Externas, al acentuar el aislamiento y la precariedad de la organización. Internas, al forjar una organización con la violencia como eje central y sin debate ideológico.

El asesinato de Jean-Serge Nérin implicará, según todos los analistas, un cambio en Francia. Pero no por la implicación de las fuerzas de seguridad galas, cuya colaboración con España se encuentra en uno de los momentos más altos de su historia, sino por lo que supone respecto a la opinión pública de ese país. Los ciudadanos franceses se han despertado con un tipo de asesinato que hasta ahora sólo se cometía en España contra españoles. Distintas fuentes consultadas aseguran que la muerte de Nérin empujará a la sociedad gala a mostrar una mayor sensibilidad a la hora de perseguir a ETA y al exigir a las fuerzas de seguridad -y a los responsables políticos- más eficacia en este campo.

Algo similar había ocurrido ya a partir del 1 de diciembre de 2007. Ese día pistoleros de ETA asesinaron en Capbreton a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero. El crimen tuvo como efecto el aumento de la colaboración entre las fuerzas de seguridad galas y las españolas.

Para muchos analistas, sin embargo, el verdadero punto de inflexión de los últimos años fue la voladura de la T-4 con una furgoneta bomba, atentado en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y a Diego Armando Estacio. Los terroristas cometieron un brutal atentado en medio de un proceso de diálogo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una tregua en vigor y sin haber realizado ningún anuncio previo de que el alto el fuego dejaba de ser válido. La explosión destrozó la credibilidad de ETA de cara a futuros procesos y dejó claro que no se trata de una organización fiable, incapacidad de respetar unas mínimas normas dentro de una negociación. El propio fundador de Aralar y ex dirigente de HB expuso sin contemplaciones las implicaciones de aquel atentado: «Cualquier otra tregua deja de tener virtualidad (...). A partir de ahora se requiere un cese definitivo, incondicional y, desde luego, sin contraprestación política, de la violencia».

Extensión del sufrimiento

La propia crisis actual de la izquierda abertzale es heredera, en cierta forma, de ese cambio de rumbo. Los históricos paradigmas de una salida negociada ya no existen. La discusión entre posibilistas y duros está envenenada por una situación en la que cada vez es más evidente que sólo la desaparición de ETA permitirá la supervivencia de los sucesores de Batasuna. Y eso obliga a que ETA se deba suicidar si quiere salvar a su brazo político. Un círculo vicioso.

A esta situación se llega tras la ilegalización de Batasuna y sus marcas, una decisión que no sería entendible sin acciones salvajes como el secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco, en 1997 o la muerte del histórico socialista guipuzcoano Fernando Múgica Herzog -hermano del ex ministro de Justicia Enrique Múgica- o el atentado contra el magistrado del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometidos ambos en 1996. Una cadena que había comenzado en 1995, cuando un pistolero etarra acabó a tiros con la vida del concejal popular de San Sebastián Gregorio Ordóñez. ETA traspasó entonces la barrera de atentar contra cargos políticos.

Lo hizo tras el debate 'Oldartzen', una doctrina de extensión del sufrimiento que suponía dar un paso más allá y superar el límite autoimpuesto de sólo atentar contra las fuerzas de seguridad. La nueva estrategia tenía un objetivo: romper la dinámica creada en 1988 por el Pacto de Ajuria Enea. Un acuerdo entre partidos que, además de trazar una hoja de ruta clara sobre la normalización en Euskadi, creaba un escenario sin precedentes al instaurar la unidad parlamentaria en Euskadi contra el terrorismo. Al mismo tiempo, separaba de forma nítida la política entre «demócratas» y Herri Batasuna. 'Oldartzen' buscaba poner fin a ese escenario por la vía de la violencia máxima.

Matanza en Zaragoza

¿Cómo se llegó hasta ahí? Otros dos saltos cualitativos -las matanzas de Zaragoza e Hipercor-, habían dado el último empujón a los partidos vascos para formalizar aquel Pacto de Ajuria Enea. El 21 de junio de 1987, ETA asesinó a 21 personas e hirió a 45 con un coche bomba que estalló en el centro comercial de Barcelona sin previo avisó. El 11 de diciembre de ese mismo año, los terroristas mataron a once personas -entre ellos cinco niños- y provocaron 88 heridos. El uso indiscriminado de coches bomba en los atentados fuera de Euskadi obligó a las fuerzas políticas de Euskadi a cambiar el 'status quo' que habían mantenido hasta ese momento.

ETA transitaba por una espiral de violencia que había tenido un sangriento precedente en 1986. El 10 de septiembre de aquel año, la organización mataba en la localidad guipuzcoana de Ordizia a Dolores González Katarain, 'Yoyes'. La primera mujer en acceder a la dirección de la banda y una militante que se había acogido a las medidas de reinserción impulsadas por el Gobierno central. Su muerte sirvió para cerrar la vía de agua que suponía el que los presos de la banda rompieran la disciplina y se acogieran a beneficios penitenciarios. Además, 'Yoyes' había pronunciado algunas de las críticas más duras a la estrategia de los terroristas. En su diario privado, había escrito: «¿Cómo voy a apoyar a una HB convertida en payaso de un militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos?».

La muerte de Dolores González Katarain, como anteriormente la de 'Pertur', cerró cualquier vía dentro de la organización que hiciera pensar en una evolución política. Las decisiones de la cúpula militar se imponían sin discusiones y sin margen a la disidencia. Un antiguo mando de la lucha antiterrorista resume la evolución de ETA que reflejan estos «saltos cualitativos» con una sola frase: «El hombre ya no empuñaba la pistola sino que la pistola empuñaba al hombre».