POLÉMICA EN LA LOCALIDAD VIZCAÍNA
Creen «injustas» las quejas de los inquilinos que no quieren la sede del PSE por «miedo» a nuevos ataques
El terror se ha vuelto a colar en el portal de los vascos. El rechazo de un grupo de vecinos de un edificio de viviendas de Durango a la presencia en los bajos de una sede del partido socialista, que fue destrozada hace cinco meses por una bomba colocada por ETA, han situado en una dimensión más doméstica el drama de la violencia. Aun a riesgo de parecer insolidarios, se quejan del «peligro» que supone para sus vidas y sus bienes la actividad de la casa del pueblo. Por ello, reclaman que se vaya, incluso gráficamente con pancartas colgadas de los balcones con el lema 'sederik ez' sobre una ikurriña, que ayer fueron retiradas de la fachada. Abajo, en el local, los simpatizantes socialistas han colocado otro cartel: 'ETA, ez'.
La petición vecinal, que puede ser «comprensible» porque «el miedo es libre», recibió ayer una reprimenda moral por parte de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Vitoria -PNV, PSE, PP, Aralar, EA, EB y UPyD-. Sin excepción, dijeron que «se equivocan» al señalar al culpable de la situación y manifestaron su respaldo a los socialistas, quienes ofrecieron la interpretación más sentida de todas. «Comprendemos la angustia de los residentes, pero el enemigo es ETA. ETA comete los atentados y nosotros somos sus víctimas. Ahora la agresión es doble. Por un lado los terroristas y, por otro, el rechazo de un cierto número de vecinos», se quejó su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor.
Este caso pone otra vez de manifiesto los problemas que los principales partidos tienen para abrir o mantener sus locales en Euskadi, principalmente casas del pueblo, batzokis y oficinas del PP. Para el PSE, el atentado más grave ocurrió en 1990, cuando un grupo de jóvenes atacó con 'cócteles molotov' la sede de Portugalete, lo que provocó un incendió que mató a dos personas y dejó malheridas a otras ocho. Desde entonces se ha repetido el acoso a casas del pueblo.
La de Durango fue reventada el 9 de julio. La explosión de una bomba provocó además destrozos en las viviendas -31 vecinos presentaron denuncias por daños-. En vísperas de la reapertura, los residentes denuncian ahora la falta de sistemas de seguridad, en una campaña de protestas que ha desembocado en la controvertida exhibición de carteles en contra de la sede. «Los que estamos en peligro somos los vecinos porque nos toca vivir aquí, mientras los militantes socialistas por la noche regresan a sus casas», advirtió ayer uno de ellos.
Eso es lo que ha parecido «más injusto» a los partidos. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, explicó que esta actitud, pese a ser «minoritaria», evidencia «un cierto déficit de pedagogía democrática» y la necesidad de «convencer a todos los ciudadanos de que los verdaderos enemigos no son las sedes de partidos, sino quien provoca los atentados, que es ETA».
El PP, socio del Gobierno del PSE, se pronunció en el mismo sentido. Juzgó «inadmisibles» las quejas vecinales y las atribuyó a «una cultura del miedo que hay asentada en el país». «Es una muestra más de la desigualdad que algunos partidos tenemos para hacer política», advirtió el presidente de los populares vizcaínos, Antón Damborenea. «El miedo es lógico. Lo que no es lógico es que por eso se denuncia a la víctima y no al agresor», dijo.
Derecho a la seguridad
Esa es la también la cuestión principal para el PNV. Su líder en Vizcaya, Andoni Ortuzar, declaró que «lo primero es señalar a ETA» como responsable. «La clave no está en dónde se colocan los partidos, que son piezas fundamentales de la democracia, sino en que no hay que poner bombas», indicó. Puesto «en la piel de los ciudadanos afectados» por un ataque, emplazó a los «poderes públicos a hacer compatible la actividad de las sedes con el derecho a la seguridad de los vecinos del entorno».
Aralar consideró «desproporcionada» la reacción de los vecinos que piden el traslado de la casa del pueblo. «En vez de ir en contra de quien produce la situación, van en contra de las víctimas, por mucho que los vecinos se sientan víctimas. Es una protesta muy injusta», advirtió su parlamentario y concejal en Durango Dani Maeztu.
EA, a través de su parlamentario Jesús Mari Larrazabal, reconoció que la «preocupación vecinal es comprensible», pero recordó que «la sede de un partido, sea el que sea, es un bien democrático fundamental que hay que preservar». Partidario de «aplicar medidas para prevenir y evitar cualquier agresión», aseguró que «nadie puede pretender que los locales de los partidos estén aislados o apartados de los pueblos, como si fueran islotes».
El representante de EB en el Parlamento, Mikel Arana, insistió en que los vecinos «se han equivocado en el objetivo de sus críticas»: «El único responsable es ETA, que es a quien tienen que dirigir sus críticas. No al PSE, que es la víctima».
Finalmente, el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro instó a la Ertzaintza a garantizar la seguridad y dijo que las críticas vecinales «son un ejemplo de las dificultades de los partidos constitucionalistas para hacer política a pie de calle».
