El Salvador dio ayer un giro de 180 grados a su política de los últimos 20 años al reconocer su responsabilidad en el caso del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte. El Gobierno del presidente Mauricio Funes admite la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el carácter vinculante del informe.
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