Punto y aparte en el diseño de la escuela del futuro en Euskadi. El Gobierno vasco, en manos de los socialistas, ha tardado apenas seis meses en revisar, corregir y desactivar la reforma educativa iniciada la pasada legislatura por el consejero de EA Tontxu Campos, un polémico camino que emprendió con el rechazo frontal del PSE y del PP y, en ocasiones, con recelos entre sus propios socios: el PNV y EB. La consejera de Educación, Isabel Celaá, presentó ayer el resultado del análisis exhaustivo de los tres decretos del currículum vasco aprobados por los anteriores responsables del departamento en 2007 -el de la Educación Básica- y en 2009, tras las elecciones, en el caso de los referentes al Bachillerato y a la etapa Infantil. Los nuevos textos incorporan más de 150 modificaciones respecto a los anteriores y nacen con la voluntad de poner fin «a la tentación de hacer de la escuela un instrumento de adoctrinamiento nacionalista».

Los documentos, uno por etapa educativa, determinan qué es lo que deben estudiar los alumnos, qué objetivos de aprendizaje se marcan y qué criterios de evaluación deben aplicar los docentes. Celaá indicó que ayer mismo se dio traslado de los nuevos decretos al Consejo Escolar de Euskadi y a otras entidades cuya opinión se reclama (como Emakunde, por ejemplo). En dos o tres meses se pretende zanjar el debate inicial y aprobar los textos en el Consejo de Gobierno, tras lo cual entrarán en vigor el curso que viene.

La modificación de las regulaciones educativas -que suman 1.500 folios- ha sido «importante, una tarea ardua», admitió Celaá, aunque a lo largo de su revisión ha habido dos elementos en los que se ha centrado el foco público y, en consecuencia, el debate político y ciudadano. En primer lugar, el tratamiento de las lenguas. Los decretos de Campos dieron clara primacía al euskera sobre el castellano en todas las etapas, hasta el punto de que la lengua vasca se definía como el principal idioma vehicular en las aulas.

A juicio de los socialistas, el necesario impulso a la lengua minoritaria se efectuaba de una forma «reduccionista y sectaria». «Establecer el euskera como principal lengua de transmisión de los conocimientos desalojaba del consenso a aquéllos que tienen y sienten como idioma principal el castellano, que es el 80% de la sociedad vasca», indicó ayer Celaá. «Era una ofensa innecesaria que no hacía avanzar en nada y mucho menos permitía fomentar el afecto hacia el euskera y procurar su uso», añadió. Algunos de los artículos que daban primacía al euskera fueron denunciados por el PP y anulados de forma cautelar por los tribunales, lo que da cuenta, según la consejera, de la «torpeza» con la que se emprendió este camino por parte de EA.

En la versión corregida de los decretos curriculares, euskera y castellano parten con igual rango. «Ninguna está sobre la otra, las dos son lenguas vehiculares y tienen igualdad normativa», explicó Celaá. Lo que no prejuzga, señaló, la continuidad del modelo D -íntegro en lengua vasca-, ni que se dediquen más horas de clases en cualquiera de los dos idiomas. Los centros -recordó- «son plenamente autónomos» y pueden ajustar su oferta en función de la realidad sociolingüística de su entorno.

Exenciones de alumnos

En los nuevos documentos también desaparecen los objetivos de dominio del euskera que se proponía para cada periodo educativo -que hacían referencia a los niveles consensuados en el Marco Europeo-, dado que «sólo podían producir un importante grado de frustración». De forma paralela, la reformulación de los currículos efectuada por el equipo de Celaá abre la puerta a que se reduzca la exigencia de aprendizaje de la lengua vasca a los alumnos que llegan de otras comunidades mediada su etapa escolar.

Esta exención se modulará «de forma individualizada», pero lo que resulta razonable, dijo Celaá, es que en Primaria los niños se sumen al sistema bilingüe sin problema tras un periodo de adaptación. Sin embargo, se prevé que en segundo ciclo de ESO y en Bachillerato los alumnos de otras comunidades o países queden exentos, bien de la enseñanza, bien de la evaluación o de ambas, en función del momento en el que acceden al sistema educativo vasco. En los decretos aprobados por Campos, al segundo año todos los alumnos dejaban de estar exentos.

En segundo lugar, la polémica se ha centrado en la utilización del término 'Euskal Herria' dentro de los contenidos educativos. Los socialistas han puesto coto a la «prolífica mención» del término en los currículos y han adoptado por el criterio de mantenerlo cuando se refiere a un ámbito «lingüístico y cultural» y de sustituirlo por Euskadi o Comunidad Autónoma del País Vasco cuando se refiere a la entidad política o administrativa.

El PNV fue ayer crítico con las formas empleadas por la consejera de Educación, a la que reprochó sus alusiones al «adoctrinamiento, la 'superideologización' de la escuela o incluso a que se trata a los conciudadanos como si fuesen extranjeros». «Es un exceso de Celaá, está fuera de lugar», apuntó la portavoz jeltzale en Educación, Arantza Aurrekoetxea. El PP aplaudió los cambios. «No son los mismos decretos que hubiésemos hecho nosotros -dijo su secretario general, Iñaki Oyarzábal-, pero van en la buena dirección». EA, el partido del ex consejero Campos, los censuró abiertamente. «Celaá pone en peligro los avances en bilingüismo. Esperamos que el Consejo Escolar dé una respuesta contundente», apuntó Ikerne Badiola.




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