Uno tiene la obligación, llamémosla ciudadana, de pensar bien. Por ejemplo, la obligación de pensar que la única finalidad de las actuaciones de la policía judicial o de los jueces es exclusivamente la aplicación de la ley y en materia penal la prevención o la persecución del delito. Vamos a pensar bien y, por consiguiente, considerar que las detenciones ordenadas por Garzón persiguen únicamente abortar la refundación o la reorganización de la ilegalizada Batasuna siguiendo las directrices de ETA. Esa parece ser la base jurídica de la resolución del juez instructor, aunque la opinión pública desconozca cuál es la relación de hechos objetivos contenidos en los informes policiales que han impulsado al juez a ordenar las detenciones.
Si tenemos en cuenta que los detenidos siguen siendo titulares de los derechos de reunión, asociación y expresión, es obvio que el delito que se les imputa de refundación o reorganización de Batasuna a las órdenes ETA requiere de bastantes más elementos de prueba que la mera relación de encuentros o reuniones. Por consiguiente, mientras no se demuestre lo contrario, los detenidos son beneficiarios de la presunción de inocencia con la misma intensidad y rango como lo es el propio Garzón en la causa de prevaricación contra él que se ve ante el Supremo.
Sin embargo, llama la atención que esta imputación llegue ahora, pero sobre todo que recaiga sobre personas como Díez Usabiaga u Otegi. Llama la atención, porque si algo saben bien los servicios de información, el Ministerio de Interior y el propio juez Garzón es que la crisis de la denominada lucha armada ha llegado de lleno al conjunto de la izquierda abertzale y que son los llamados moderados o posibilistas como Otegi y Díez Usabiaga quienes más se han distinguido en ese mundo por intentar articular una alternativa eficaz para la izquierda abertzale -léase bloque soberanista con otras fuerzas-, que le 'libere' en alguna medida de la carga que supone la violencia.
No es lógico ni congruente, por una parte, estar trabajando, a su manera, ese discurso en el seno de la izquierda abertzale y ante otros sectores soberanistas y, por otra parte, embarcarse en una operación de refundación de Batasuna bajo el ordeno y mando de ETA. Es cierto que estos defensores de la «estrategia eficaz» para la izquierda abertzale no han condenado las acciones de ETA, ni han solicitado el cese de la actividad de esta organización, pero tampoco les considero tan fuera de sus cabales como para embarcarse en una operación de reflotamiento de ETA. No sólo porque ya no se lo creen, sino también porque saben mejor que todos nosotros que dicho objetivo es absolutamente imposible.
El ministro de Interior ha dicho al referirse a las detenciones que «la izquierda abertzale tiene que decidir entre la violencia y la política». Comparto plenamente esta afirmación, como creo que la comparte la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Y si se me permite, también diré que lo está una mayoría relevante de la izquierda abertzale, que entiende que esa pelota está en su tejado y que son ellos quienes tienen que provocar la decisión. Pero al margen de ellos, los demás tenemos también que tener nuestra opinión, y preguntarnos si a la sociedad vasca y a la democracia le interesa que la izquierda abertzale opte y que lo haga abrumadoramente por la política.
No tengo duda al respecto. Sin caer en autoengaños, creo que desde la democracia se debe contribuir al fortalecimiento de esa opción. Y llegados a este punto la pregunta a formular es la siguiente: ¿qué hacemos para que la decisión sea a favor de la política y en contra de la continuidad de la inercia militarista? Una izquierda abertzale sin dirigentes que defiendan la opción de la política continuará a merced de ETA, cautiva, y difícilmente optará por la política, por lo menos hasta que ETA se rinda. ¿Cuál es la apuesta del Gobierno? Dice el refranero popular, «piensa mal y acertarás».
