L a recientísima sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acerca de la plena licitud de la exhibición de fotos de presos de ETA en manifestaciones convocadas para exigir su reagrupamiento en cárceles próximas sentaba la buena doctrina. La doctrina respetuosa con los derechos humanos de los que, no por ser reos de terrorismo, pueden estar privados los presos, sus familiares y simpatizantes o amigos.
En mi opinión, los presos de ETA no tienen ningún derecho a su acercamiento a cárceles de Euskadi, y la política de dispersión es plenamente legítima. Pero ésa no es la cuestión. Exista o no ese derecho, ellos pueden legítimamente reclamarlo en público, faltaba más. Y en esa reclamación de lo que ellos califican de un 'trato humanitario' (el que nunca dieron ni darían a sus víctimas), tienen derecho a exhibir fotos de sus seres queridos, por mucho que sean criminales convictos. Es la grandeza del Estado de Derecho, que no puede privar de sus derechos ni siquiera a quienes los niegan a otros.
Es evidente que a las víctimas les puede molestar la exhibición de esas fotos, que les puede herir en su recuerdo y sensibilidad. A mí también me molesta y hiere, lo reconozco. Pero ni mis sentimientos ni los de las víctimas son los prioritarios para definir el alcance de los derechos fundamentales de las personas, y así debe ser. Los derechos fundamentales protegen siempre al más débil, son derechos contra la mayoría, aunque eso nos haga torcer el gesto a los que formamos ahora esa mayoría.
Pero viene la Audiencia Nacional y, en un deplorable ejercicio de autoritarismo y simplismo, prohíbe no ya la exhibición de fotos, sino incluso el acto reivindicativo mismo. Al juez no le cabe duda de que la alegación del derecho de reagrupamiento o de trato humanitario es un mero disfraz para ensalzar a los terroristas, aunque no explica ni justifica cómo ha llegado a tener por probada tal verdad. Basta con que él lo diga, como sucede desde hace años con muchos jueces de esa Audiencia, que han sustituido el Derecho por su libre voluntad acerca de lo justo e injusto.
Es lamentable decirlo, pero estas exhibiciones de poder ciego de la Consejería de Interior o de la Audiencia Nacional no hacen sino disminuir la autoridad moral de una política que, en sí misma, es acertada. Pero pasándose varios pueblos en su aplicación no se la va a acercar a la sensibilidad social, sino todo lo contrario.
