central nuclear
El permiso a la central para funcionar cuatro años más irá acompañado de un plan industrial para la zona aún sin definir
«La decisión será criticada desde un lado y otro», admitió el presidente
Un grupo de trabajadores de la central de Garoña, en las inmediaciones de la planta. / IGOR AIZPURU
La central de Santa María de Garoña permanecerá abierta hasta el 5 de julio de 2013 y se convertirá así en la primera nuclear española que superará los 40 años de vida para los que fue diseñada. El Gobierno le concede una prórroga con sabor a componenda de última hora tras las intensas presiones recibidas tanto de los partidarios de mantener su actividad durante una década -las eléctricas, la patronal y un sector del PSOE, incluido Felipe González- como de los defensores de cerrarla de forma inmediata -los grupos ecologistas- o en 2011, cuando llegue a la 'cuarentena'. José Luis Rodríguez Zapatero admitió que la decisión no contenta a nadie -«será criticada desde un lado y desde el otro», afirmó-, pero sostuvo que es «equilibrada, responsable y la que conviene al país».
La medida, con tintes salomónicos, ha sido adoptada personalmente por el líder socialista, quien se ha autodefinido como «el miembro más antinuclear» del Ejecutivo y se inclinaba en principio por la clausura en 2011. Esa fecha se ajustaba, además, al compromiso electoral del PSOE. La resolución constituye un triunfo relativo del ministro de Industria, Miguel Sebastián, el principal abanderado dentro del Gabinete de conceder otros diez años más a la planta, quien ha 'arañado' dos ejercicios a los que pensaba otorgar el presidente.
El Gobierno casi agotó el plazo -vencía el domingo- que tenía para anunciar una decisión precedida de una intensa polémica y que no ha contentado ni a las organizaciones ecologistas, que pedían el cierre inmediato de Garoña, ni a Nuclenor -la propietaria de la central- y sus trabajadores, que habían solicitado una prórroga de diez años; la misma que avaló el Consejo de Seguridad Nuclear en un informe dictado el pasado 5 de junio.
Compensaciones
La clausura en 2013 vendrá acompañada de un plan industrial y de infraestructuras alternativo para el Valle de Tobalina y las comarcas aledañas, destinado a absorber a medio y largo plazo el millar de empleos directos e indirectos que genera la instalación.
Ese proyecto aún no tiene dotación económica ni existe más que en líneas muy generales. Incluirá algún tipo de «actividad energética», turismo y compensaciones directas a los ayuntamientos más afectados por la medida. Esa zona del norte burgalés está entre las autorizadas por la UE para recibir subvenciones directas a fondo perdido. El ministro de Trabajo dejó caer la cifra de unos 100 millones de euros por ese concepto. «Empezamos ya a trabajar», afirmó Celestino Corbacho.
Corbacho y Sebastián fueron los encargados de explicar a media tarde una decisión que «no ha sido fácil», según el titular de Industria. En ella han pesado más que nada consideraciones laborales. La prórroga de dos años y clausura en 2011 -la primera opción que había barajado Zapatero- no ofrecía margen suficiente para diseñar y activar ese plan industrial capaz de dar empleo a «todos y cada uno de los trabajadores de la central, directos e indirectos», señaló. «Necesitábamos más tiempo», añadió el ministro, que apeló también a la crisis económica como factor decisivo.
También han pesado criterios electorales, según fuentes de la dirección socialista. Una prórroga de cuatro años podría facilitar el trance de las elecciones municipales de 2011 y las generales de 2012. Queda tiempo, pero hay nubarrones que preocupan a Ferraz.
Garoña se desenchufará de la red eléctrica el 5 de julio de 2013. La orden ministerial que prepara Industria especificará los pasos técnicos y también «las inversiones que aún son necesarias» para garantizar la seguridad en la central más vieja de España.
Decisión ¿reversible?
Pero en 2013 quizá haya un Gobierno de distinto color político. ¿Podría revertir la decisión de cierre y permitir seguir operando a la planta? «Ese escenario no está contemplado en la orden ministerial», repitió Sebastián las tres veces que fue preguntado al respecto. En realidad, sí: una orden ministerial puede quedar anulada por otra decisión de igual rango, al margen de consideraciones técnicas derivadas del 'apagón' de una central.
Si Garoña se cierra en 2013, el coste en términos económicos y energéticos será «prácticamente nulo», dijo el titular de Industria. Y no habrá que indemnizar a los propietarios, que han anunciado recursos y peticiones millonarias por lucro cesante, dado que no hay obligación ni compromiso jurídico alguno por parte del Ejecutivo. Sólo a éste corresponde renovar o no el permiso de una central y fijar el plazo para el cierre, salvo que lo ordene el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por riesgo manifiesto para la seguridad.
Endesa e Iberdrola -los dueños de la planta- «son libres de acudir a los tribunales», precisó el ministro, quien quiso tranquilizar al 'lobby' nuclear con el anuncio de que el resto de las centrales renovará sin problema sus licencias de explotación por diez años cuando venzan las actuales en 2010, 2011 y años sucesivos. Los otros siete reactores nucleares son bastante más jóvenes que Garoña y podrán agotar su vida útil «al menos hasta los 40 años si lo permiten las condiciones técnicas», recalcó Sebastián.
En una comparecencia multitudinaria, el ministro sostuvo que prorrogar por cuatro años la vida de la central burgalesa hasta cumplir 42 años, dos más de los 40 de diseño que aún ayer defendía Rodríguez Zapatero en una entrevista en Radio Nacional, es una «interpretación razonable» del compromiso electoral socialista. En su programa, el PSOE anuncia el cierre ordenado de las centrales nucleares al término de su vida útil. La energía nuclear es hoy «imprescindible» para España, aunque la apuesta de futuro son las renovables, aseguró.
La decisión fue comunicada a los trabajadores de Garoña, a los alcaldes de la zona, los sindicatos, la patronal, los grupos parlamentarios y el CSN. Hoy, los ministros de Industria y Trabajo elevarán la cuestión al Consejo de Ministros. «Ha sido una decisión de todo el Gobierno, con la que todo el Gobierno está plenamente de acuerdo», remachó Sebastián.
