La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de avalar la ilegalización de Batasuna dictada por los tribunales españoles supone un «fuerte varapalo» para la izquierda radical, ya que la sentencia desmonta la estrategia a la que se había aferrado este sector como último recurso para tratar de recuperar su actividad política.
Fuentes próximas a la izquierda radical admitieron ayer que las resoluciones de las distintas instancias judiciales españolas y europeas han ido en la misma dirección, lo que les «ha reducido su margen de maniobra a cero», expresaron de forma gráfica. El tribunal de derechos humanos de Estrasburgo era citado continuamente por los distintos portavoces del mundo de Batasuna, que miraban a Europa como una esperanza para reivindicar su legitimidad política.
La simple admisión a trámite por parte de la sección 5ª de la Corte Europea de los recursos presentados por los representantes de Batasuna contra el Estado español, allá por diciembre de 2007, ya fue interpretada en su día como un éxito por la izquierda abertzale proscrita.
Significados dirigentes de esta sensibilidad social mantenían hace unos meses un cierto optimismo, de puertas adentro, sobre una sentencia favorable a sus intereses por parte de Estrasburgo. Confiaban, incluso, en que la resolución hubiera llegado en torno a las últimas elecciones autonómicas, celebradas el pasado 1 de marzo.
Con el pie cambiado
El fallo conocido ayer ha cogido a la izquierda radical con el pie cambiado. Llega en un momento en que trataba de recuperar su iniciativa política, con el respaldo a propuestas como la de la huelga general del pasado mayo en Euskadi o el éxito electoral en las europeas de Iniciativa Internacionalista -candidatura que apoyaban sin tapujos-. Sus intentos de restaurar la 'normalidad' se han visto truncados, primero con el atentado de ETA que costó la vida al policía Eduardo Puelles, y ahora con una sentencia que invalida muchos de sus argumentos.
Precisamente, los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado día 7, con 140.000 votos entre el País Vasco y Navarra para la candidatura que respaldaba la izquierda radical, volvieron a demostrar la capacidad de movilización de un sector abocado a continuar en la clandestinidad mientras siga empeñado en sortear los límites del Estado de Derecho. Esta situación ha provocado un intenso debate interno entre quienes son partidarios de aprovechar la potencialidad de una Batasuna dentro de la legalidad y quienes apuestan por el mantenimiento de tácticas rupturistas.
Batasuna se encuentra en la actualidad inmersa en una ronda de contactos con agentes políticos, sindicales y sociales soberanistas para, junto a ellos, tratar de poner en marcha un movimiento independentista. La sentencia, a priori, no debería influir en estas relaciones. Sin embargo, les va a restar razones a la hora de buscar acuerdos de mínimos con sus interlocutores. Sus hipotéticos compañeros en este viaje, además, les van a exigir un rechazo expreso de la violencia y una apuesta por la vías exclusivamente civiles que, a día de hoy, son incapaces de garantizar.
Esta circunstancia, de momento, hace inverosímil la concreción de un polo soberanista, a pesar de las voluntaristas declaraciones del portavoz de la izquierda radical, Arnaldo Otegi -que hoy valorará públicamente en rueda de prensa la sentencia-. Otegi ha fijado el próximo otoño como referente para que esta iniciativa eche a andar. Sus exigencias al resto de formaciones y su falta de compromiso para cuestiones que partidos independentistas como EA o Aralar consideran fundamentales hacen poco creíble este proyecto.
Batasuna es testigo de otro revés. Observa cómo se está cumpliendo una de sus principales preocupaciones antes de las elecciones autonómicas: con la llegada de los socialistas al poder, el derecho a decidir ha salido del centro del debate político. Una cuestión que, aunque fuera de la mano del PNV, había sido contabilizada como un logro propio por parte de la izquierda proscrita.