Los problemas urbanísticos se le acumulan al Ayuntamiento de Bakio. Después de que los partidos de la oposición se unieran para denunciar al alcalde, Txomin Rentería (PNV), por prevaricación, los jueces le han dado un nuevo revés en la mayor promoción que se edifica en el municipio, en el sector Bakea. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la orden foral que aprobaba el plan para la construcción de más de 300 viviendas, el 80% de las cuales ya están edificadas e incluso habitadas. La sentencia -considerada firme al haber renunciado Ayuntamiento y Diputación a recurrir-, a la que ha tenido acceso este periódico, estima que se introdujeron en el proyecto correcciones de errores que fueron «verdaderas modificaciones» y que no pasaron el trámite obligatorio de publicación en un periódico.

El Consistorio alegó en su momento que se trataba de cambios «nimios» y que, al no ser sustanciales, «no exigen información pública», según recoge la resolución judicial. La Sala no es de la misma opinión. Considera que «se introducen modificaciones significativas; entre ellas, una nueva configuración de las parcelas de equipamiento docente y deportivo, y la desaparición de la zona comercial privada». El fallo no entra en el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por los denunciantes -cuatro vecinos de la zona- en su recurso contencioso-administrativo, en el que denunciaban que se iba a triplicar el número de viviendas previstas, que un espacio reservado en su mayoría a chalets unifamiliares iba a ser ocupado por bloques de pisos; la reducción de espacios verdes y comunitarios, y supuestas irregularidades por la protección medioambiental del colindante río Estepona. Sin embargo, realiza, a modo de «reflexión», una clara advertencia: «La medición del cauce del río es errónea».

Surgen dudas

Los magistrados declaran nula la orden foral de 26 de septiembre de 2006 relativa al plan parcial del sector Bakea. Ayuntamiento y Diputación se proponen tramitar de nuevo todo el expediente, lo que podría tardar meses. La resolución judicial crea un «limbo legal», ya que las viviendas ya construidas y algunas incluso habitadas se quedan «sin cobertura jurídica». En su momento, las casas costaron entre 300.000 y 600.000 euros. ¿Qué pasaría si alguno quisiera vender ahora el piso?, se preguntan los denunciantes.

Desde que se notificó la sentencia, el pasado abril, algunos propietarios han seguido escriturando, probablemente por desconocimiento. Muchos ignoran que el Tribunal Superior ha declarado nulo el plan por el que se construyeron sus casas; una sentencia que tampoco ha sido notificada al promotor de la urbanización. Otros, que ya tienen escrituras y hasta cédula de habitabilidad concedida por el Ayuntamiento, están «preocupados» por lo que puede representar la decisión de los jueces. Surgen más dudas: después de tres años, ¿el plan parcial podría ser aprobado en los mismos términos, con viviendas de cinco alturas, espacios verdes...?