El proyecto de reforma de la ley del aborto no sólo aporta más seguridad jurídica para la mujer y los profesionales médicos, al establecer unos plazos concretos para abortar y unas circunstancias específicas para acogerse a los mismos, sino que contempla el respeto a la objeción de conciencia y la garantía de que ésta no suponga un obstáculo a esta prestación sanitaria. Sin embargo, el nuevo proyecto ha generado, además de declaraciones políticas sorprendentes, comparaciones morales inimaginables y algún artículo 'periodístico' repugnante, un enconado debate que gira básicamente en torno a la reducción de la edad de 18 a 16 años para ejercer el nuevo derecho, así como a la ausencia de consentimiento paterno para interrumpir la gestación. Si en España un menor de 16 años emancipado puede contraer matrimonio libremente, ¿por qué ha de exigírsele el permiso de sus padres para interrumpir un embarazo no deseado? ¿Cuántos embarazos no deseados y cuántos abortos podrían evitarse si la ayuda y el asesoramiento de unos padres para con sus hijos adolescentes comenzase por una educación sexual abierta y responsable que aparcase tabúes, miedos e ignorancia?