El Gobierno vasco considera «insuficientes» las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para garantizar la atención a las personas con discapacidad física o psíquica que no pueden valerse por sí mismas. En la actualidad, la Administración central sufraga una escasa cuarta parte del nivel mínimo de protección que trata de asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley de Dependencia. Según denuncia el viceconsejero vasco de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, esas aportaciones no se corresponden con la «filosofía la cofinanciación que nos vendió» el Ejecutivo de Zapatero. «Euskadi está sosteniendo con sus presupuestos el sistema y los costes se están disparando», advirtió. En la actualidad, 25.000 vascos se benefician de las nuevas prestaciones.

El Consejo Territorial de la Dependencia, el órgano en agrupa a los representantes ministeriales y a los delegados de las comunidades, se reunió ayer y actualizó las cantidades que el Gobierno abona mensualmente a las autonomías por cada persona atendida, que han experimentado un incremento de 2%. Así, según el decreto del nivel mínimo, un gran dependiente del grado II -el caso más grave- recibirá del Estado 263 euros al mes; pero, en la práctica, la prestación abonada a la familia es de 831 euros. Es decir, el Ejecutivo central aportará un 31% del total, «cuando en teoría la financiación debería ser al 50%, o eso nos vendieron», apuntó Consuegra. En el caso de los grandes dependientes de nivel I, el Ministerio de Educación y Política Social subvencionará 179 euros de los 623 que llegan al beneficiario (un 28%), mientras que los severos de nivel II recibirán 102 de los 460 euros que les corresponden (un 22% procedentes de las arcas estatales).

Ayer, una «aplastante mayoría» de los representantes de las comunidades -entre ellos, el delegado vasco, Fernando Consuegra- expresó su malestar tras comprobar que este desajuste se agranda «considerablemente» en el caso de los dependientes severos del nivel I, un colectivo que a partir del próximo 1 de enero se incorporará al sistema de prestaciones de la nueva ley. Por cada uno de estos usuarios, el Gobierno pagará al mes a las autonomías 70 euros, algo más del 17% de la cantidad mínima fijada (400 euros).

«Con 70 euros, en Euskadi se pueden financiar dos o tres horas al mes del servicio de ayuda a domicilio o bien un sólo día en una residencia», apuntó el viceconsejero para ilustrar lo «insuficiente de esta cuantía». Según la ley, un paciente de estas características «debe tener derecho como mínimo a 40 horas al mes».

El responsable vasco de Asuntos Sociales tampoco comparte el diferente trato económico dispensado a un gran dependiente respecto a uno severo cuando «las prestaciones que ambos reciben son en muchos casos similares». Así, una persona con un 100% de dependencia recibiría cuatro veces más de subvención que uno con un 60%. «Es desproporcionado», entiende Consuegra.

Potenciar los servicios

El Consejo Territorial -que estuvo presidido por la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera- informó del reparto entre las diferentes autonomías de un fondo extraordinario de 400 millones de euros para «potenciar y acelerar el desarrollo de la ley». De esta cantidad, al País Vasco le han correspondido 19,9 millones.

En la reunión, Consuegra criticó los criterios empleados para efectuar la distribución de esta partida entre las distintas comunidades. Según dijo, el ministerio ha tenido en cuenta para hacer el reparto aspectos como la estimación de las personas dependientes, la renta, la dispersión de la población o la insularidad, unas variables que han jugado en contra de Euskadi. «Si se hubiese aplicado el Concierto Económico deberíamos haber recibido 25 millones, cinco más de los que nos han adjudicado», se quejó el viceconsejero.

Mercedes Cabrera destacó que, con esta inyección económica, la inversión en materia de dependencia para el año que viene se eleva hasta los 1.550 millones de euros, un 79% más que lo destinado en 2008. Consuegra, no obstante, planteó que esta ayuda extraordinaria se consolide en el tiempo. «De nada sirve aumentar la red de servicios si luego no hay fondos para sostenerla», apuntó.