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País Vasco y España

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Las promotoras recibirán hasta 27.000 euros por alquilar los pisos sin vender
Vivienda garantiza el buen estado de los pisos. / E. C.
El programa del Gobierno vasco para captar viviendas vacías (Bizigune) se amplía a los promotores inmobiliarios. De esta forma, las empresas que tengan pisos de nueva construcción sin vender podrán sacarlos al mercado en régimen de alquiler social a partir del próximo enero. La «medida de choque», como fue calificada por sus impulsores, pretende paliar los efectos del parón que sufre el sector, el más afectado por la crisis económica. Las compañías recibirán un máximo de 450 euros al mes -la cantidad variará en función de la superficie y ubicación de la casa- por cada inmueble que arrienden a las más de 10.000 personas interesadas en acceder a un piso de protección oficial en Euskadi, según los datos facilitados ayer por el consejero de Vivienda, Javier Madrazo. La duración del contrato será de cinco años.
A diferencia de lo que ocurre con los particulares, los promotores tiene la opción de recibir el importe de todas las mensualidades por adelantado -hasta un máximo de 27.000 euros por casa- para poder hacer frente a las consecuencias del frenazo que sufre el 'ladrillo'. «La posibilidad de cobrar los cinco años de renta supone un alivio para la precaria situación que atraviesan muchas empresas al favorecer la financiación pública anticipada de pisos inmovilizados al que hoy en día no se les puede dar salida en el mercado libre », subrayó Madrazo. En una promoción de treinta pisos, por ejemplo, la constructora puede llegar a ingresar hasta 810.000 euros. Las patronales vascas de esta actividad eludieron ayer pronunciarse sobre la iniciativa al «desconocer sus detalles».
La modificación del decreto de 2002 sobre el alquiler social permitirá a los empresarios disponer de liquidez en un sector muy afectado por las dificultades para acceder a créditos, además de ampliar el parque de viviendas con la incorporación de pisos vacíos de nueva construcción. Los destinatarios de estas casas no destinarán al pago de la renta más del 30% de sus ingresos (280 euros de media). La diferencia entre lo que abona el inquilino y recibe el propietario la asume el Gobierno vasco. En el caso de los pisos particulares, sus dueños pueden cobrar hasta 750 euros al mes, aunque la media es de 560.
Ésta no es la primera medida que adopta el departamento de Madrazo para ayudar a los constructores a superar la crisis inmobiliaria. Hace seis meses aprobó un incremento extraordinaria del precio de las viviendas de protección oficial a petición de los promotores. Con la subida anual de la inflación, los inmuebles podrían encarecerse hasta un 8%.
Ahora, la nueva iniciativa permitirá movilizar hasta 5.000 pisos vacíos en un año, según las previsiones del Ejecutivo. El consejero destacó el «alto nivel de satisfacción» de los propietarios que participan en el programa Bizigune. De hecho, ocho de cada diez han decidido renovar el contrato por otros cinco años más. El Gobierno vasco también garantiza el «perfecto estado de la vivienda». A juicio de Madrazo, es «más urgente que nunca» incrementar el parque de vivienda en alquiler. En este sentido, criticó las iniciativas impulsadas por el Gobierno central al entender que la renta básica de emancipación «incrementa el precio de los alquileres». «Se trata de medidas especulativas e inflacionistas», subrayó.

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