L a polémica está servida: el Gobierno vasco pretende reformar la fórmula de modelos lingüísticos en la Comunidad Autónoma Vasca, y se ha convertido en el pimpampum de algunos medios de comunicación. No es de extrañar.
No es de extrañar, porque la Consejería de Educación está actuando tarde y mal. Tarde, porque la propuesta parlamentaria por un modelo único es de 2005 (principios de legislatura) y la tramitación del proyecto de ley de reforma de los modelos lingüísticos, si es que llega a hacerse, será de noviembre o diciembre de 2008. Mal, porque, según cuentan en los medios de comunicación, de los tres partidos que conformar el Gobierno (y cuyos votos son necesarios para la aprobación de la nueva ley), sólo uno está de acuerdo con el planteamiento. Pero en vez de solventar las diferencias en casa, se dedican a echarse los trastos a la cabeza en público. Así que un tema de por sí complicado se está complicando aún más por la nefasta gestión que de él se está haciendo. Ése es el primer error. Tanto es así, que se podría decir que los árboles de la polémica no dejan ver el bosque del contenido.
El proyecto de ley para reformar los modelos lingüísticos viene a proponer la supresión de los tres actualmente existentes en la educación no universitaria de la comunidad autónoma, para, en adelante, contar con un único modelo. Hasta ahí, nada que la mayoría parlamentaria no pidiera en 2008: desde Aralar hasta el PSOE, pasando por EHAK y el tripartito. Pero el planteamiento de nuevo modelo se presenta sin haber hecho pruebas piloto para ver si el cambio es para bien o para mal. Ése es el segundo error.
El tercer error proviene de meter a todos los modelos en el mismo saco, como si fueran igual de buenos o igual de malos. Y no lo son. No lo son, además, no porque el departamento lo haya decidido así: la primera diferencia, la diferencia fundamental entre los modelos la ha establecido la sociedad de la comunidad autónoma, los padres y madres de alumnos. Son ellos quienes han decidido, muy mayoritariamente, no apostar por el modelo A, el que lo único que te asegura es que tu hijo no aprenderá los dos idiomas oficiales. Tanto es así, que el porcentaje de matriculación en el modelo A para alumnos de primero de Primaria ha pasado, en veinte años, del 53% al 5,5%. Es fácil entender por qué: los padres, mayoritariamente, prefieren que sus hijos sepan más a que sepan menos; prefieren que sus hijos hablen los dos idiomas oficiales a que sólo conozcan uno. Tanto es así, que el modelo A se está convirtiendo en un gueto. Un ejemplo: tres de cada cuatro nuevos alumnos del modelo A en la escuela pública de Álava son hijos de inmigrantes. Es decir, que el modelo suma a su probada y comprobada incapacidad para enseñar los dos idiomas oficiales de esta comunidad un problema de guetización (que suele conllevar problemas de integración, de convivencia, etcétera). Por si fuera poco, el Tribunal Constitucional, hace 25 años, estableció lo siguiente en el fundamento jurídico 5 de su sentencia 87/1983: «El Gobierno vasco hace particular hincapié en el hecho de la cooficialidad del castellano y el euskera; en efecto, todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas (art. 6.1 del Estatuto). Ello supone naturalmente que ambas lenguas han de ser enseñadas en los centros escolares de la comunidad con la intensidad que permita alcanzar ese objetivo. Y es de observar, en este mismo sentido, que tal deber no deriva sólo del Estatuto, sino de la misma Constitución».
Por si quedara alguna duda, en ese mismo fundamento jurídico se afirma: «De estos preceptos resulta que el Estado en su conjunto (incluidas las comunidades autónomas) tiene el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de las lenguas propias de aquellas comunidades que tengan otra lengua como oficial. Una regulación de los horarios mínimos que no permita una enseñanza eficaz de ambas lenguas en esas comunidades incumpliría el artículo 3 de la Constitución». Hace 25 años de esto. Es más que evidente que el modelo A no permite una enseñanza eficaz de ambas lenguas. Como también es evidente que, independientemente de en qué modelo hayan estudiado, los alumnos terminan su educación obligatoria sabiendo castellano, pero no siempre sabiendo euskara. Que el Partido Popular, objetor hasta de Ciudadanía, se oponga a cualquier cambio que busque acabar con esa situación es hasta esperable. Que los socialistas se opongan a que se cumplan la Constitución y el Estatuto y obvien la sentencia del Constitucional da más que pensar, e invita a dudar de su pretendido giro vasquista (o lo que sea que han anunciado ahorita).
Y, sin embargo, a Aralar le surgen dudas y más dudas sobre la tramitación del proyecto de ley, tal y como se nos ha presentado en el anteproyecto. Primero porque, como ya dijimos al principio, se está haciendo tarde y mal. Segundo, porque supone dar un triple salto sin red: sin pruebas piloto no se puede saber si los resultados de un único modelo de enseñanza serán mejores que los que tenemos hasta ahora. Tercero, porque si el planteamiento es que el nuevo modelo tenga un 52% de todas sus asignaturas en euskara, a falta de pruebas previas que aseguren el éxito de ese nuevo modelo, debería mantenerse el modelo D tal y como está, para refundir el modelo A y el B en un único modelo que tenga ese mínimo del 52% de sus asignaturas en euskara. Cuarto, porque el Departamento de Educación parece creer que para que los objetivos se cumplan basta con cambiar la ley cuando, evidentemente, eso no es así: antes que un cambio de ley se precisa una mayor inversión en educación: más recursos humanos, con más profesores de refuerzo (para los idiomas, las matemáticas, la historia...), menor ratio de alumnos en las aulas, mayor dotación de medios... Empecemos por ahí y vayamos, como decía Machado, haciendo camino al andar.
