a publicación de las balanzas fiscales por el Gobierno español no ha hecho sino ratificar lo que ya las anteriores balanzas, preparadas por entidades e instituciones privadas, habían puesto de manifiesto: es decir, que el Estado autonómico es un sistema redistribuidor inspirado en la equidad, de manera que las comunidades autónomas más ricas son contribuyentes netas a los fondos públicos, mientras que las más pobres son receptoras netas. Así es, y así debe ser en cualquier sistema de inspiración federal que se monte sobre las ideas de cooperación y justicia. En realidad, las balanzas fiscales no hacen sino corroborar a escala territorial la vigencia de un principio que nació a escala personal o de clase: el Estado debe igualar las posiciones de partida de sus ciudadanos, para lo cual hay que ayudar a los menos favorecidos transfiriéndoles riqueza desde los mejor situados.

Ahora bien, las balanzas fiscales en cuestión también han puesto de manifiesto algunas disfunciones del sistema, unos efectos perversos que los afectados tienen pleno derecho a ver rectificados. En concreto, tienen razón los catalanes cuando arguyen que el efecto redistribuidor no puede ser tan intenso como para llegar a invertir la situación inicial que existía antes de que el Estado comenzara su tarea niveladora (el federalismo debe respetar el principio de ordinalidad como sentó el Tribunal Constitucional alemán). En lenguaje llano, no es equitativo que las comunidades más pobres, que por su capacidad fiscal propia disponían de un nivel de recursos públicos de 80, pasen a disponer de uno de 120. Mientras que las más ricas, que poseían uno de 110 antes de la redistribución, pasen a tener uno de 90. Una cosa es igualar las situaciones respectivas y otra invertir la situación inicial.

Los estudios realizados confirman que, en la lista de disponibilidad de recursos públicos, Andalucía o Extremadura ocupan los primeros lugares de la tabla (a pesar de que por su capacidad propia eran los últimos), mientras que Madrid, Baleares o Cataluña llegan a ser los últimos (a pesar de que eran los primeros antes de pasar sobre ellos la paleta de la redistribución). Y esto no es equitativo: no debe suceder que Cataluña disponga de menos financiación pública que Extremadura medida sobre unas competencias igualadas.

¿Y qué dicen las balanzas sobre el País Vasco y Navarra? Pues lo ya sabido, aquello que los 'malos vascos' venimos diciendo desde tiempo inmemorial. Es decir, y con la misma sorna que usaba otro mal vasco, Miguel de Unamuno hace ya un siglo: «los fueros consisten en no pagar». Pongan ustedes «concierto», «derechos históricos» o «autonomía» donde él ponía «fueros» y tendrán descrita la situación actual. O si prefieren utilizar términos más actuales y sociológicos, digamos que vascos y navarros somos los 'free riders' del sistema federalizante hispano. En castellano común: vivimos de gorra.

Naturalmente, un coro unánime de buenos vascos compuesto con unción solidaria por nacionalistas y españolistas, socialistas y conservadores, comunistas y ecologistas, dirán que no es así, que lo nuestro es un derecho histórico, una particularidad foral, una consecuencia de la fuerza normativa de lo fáctico, que las balanzas fiscales están equivocadas, que no miden bien, que la Constitución nos ampara. Pueden pintarlo de verde, si quieren, pero el dato es así de sencillo: no contribuimos al sistema o, lo que es lo mismo, nos ahorramos alrededor de un 4% de nuestro PIB al no pagar lo que debiéramos pagar según la equidad federal que se aplica a los demás.

Esta «transferencia oculta» que Euskal Herria recibe de España (porque aunque se efectúe en forma de ahorro y no de pago no deja de ser económicamente una transferencia) hace que deban relativizarse enormemente los éxitos socioeconómicos que nuestros gobiernos exhiben con singular orgullo. Pues es bastante fácil tener los mejores índices de bienestar social cuando se dispone de una financiación pública que dobla a la que reciben otros territorios españoles. España recibió de Europa como media desde 1986 hasta 2006 una transferencia anual equivalente al 0.9% de su PIB, y no hace falta ponderar lo que ello significó. Euskadi y Navarra reciben una transferencia oculta de España superior al 4% de su PIB desde 1982. Comparen y saquen sus conclusiones.

Hablar de valores, de equidad o de simple vergüenza es bastante estéril en un ambiente como el nuestro, que se ha blindado ante cualquier apelación ética en esta materia. Aquí la ética se reserva para África, no alcanza a nuestros vecinos. Por eso, siendo más prosaicos, podemos limitarnos a señalar otra disfunción: el hecho de que el sistema de concierto esté tan mal ajustado que produzca la exoneración de los vasconavarros en la contribución a las cargas comunes es el factor que más desestabiliza el sistema autonómico español. Por dos razones: porque si Cataluña o Baleares pagan de más es en gran parte porque nosotros no pagamos nada y, segundo, porque constituimos un ejemplo de irresistible atractivo para los nacionalistas de otros lugares. Mientras exista nuestro privilegio, otros exigirán llegar a tener algo parecido, pues nuestra propia existencia demuestra que el privilegio es posible. Por eso desestabilizamos el sistema, créanme, mucho más que porque nuestro ínclito jefe de gobierno convoque plebiscitos.