ANÁLISIS
Las fuerzas de seguridad detectan un aumento de las críticas a la organización y más participación en las actividades de las cárceles
Imagen de archivo de Juan María Olano, portavoz de Askatasuna que dejó la cárcel en marzo tras pagar una fianza de 30.000 euros. / AFP
El colectivo de presos de ETA ha dejado de ser el bloque monolítico que durante años se ha erigido en el referente de la organización terrorista y de la izquierda abertzale. La ruptura del alto el fuego y algunas decisiones recientes que han favorecido la excarcelación de dirigentes del entorno político de la banda ha elevado el malestar en este colectivo, que se siente menospreciado. Así consta en varios análisis realizados por las fuerzas de seguridad, a los que ha tenido acceso EL CORREO.
Según los expertos de la lucha antiterrorista, existe un sector crítico dentro del conjunto de los presos que, por primera vez en dos décadas, se está planteando romper con la disciplina de la organización y acogerse a las medidas más favorables de la legislación penitenciaria. Algunos reclusos han comenzado a analizar, por ejemplo, la posibilidad de dejar de contratar a los abogados de la izquierda abertzale, que, según estos informes, utilizan en los tribunales unos argumentos más «políticos» que jurídicos. Creen que les iría mejor si encargaran su defensa a letrados que basen su estrategia en cuestiones técnicas y razonamientos más vinculados con el Código Penal.
Como uno de los detonantes de toda esta situación figura un sentimiento generalizado en el colectivo discrepante: los activistas condenados por pertenencia a ETA, tras haber militado o colaborado con los comandos operativos, o los propios jóvenes sentenciados por violencia callejera, están en un escalón inferior frente a los dirigentes de Batasuna o de asociaciones de su entorno, a quienes se ha ayudado en el pago de fianzas para que puedan quedar en libertad. Un trato que no es igual para los presos etarras o de la kale borroka.
En ese contexto, Instituciones Penitenciarias ha detectado un aumento de la participación de los reclusos de ETA en las actividades organizadas dentro de las cárceles. Este tipo de gestos, todavía minoritarios, no están permitidos por la propia banda, lo que dado lugar a enfrentamientos entre familiares de los internos y responsables de los movimientos de apoyo a los presos. El ambiente de tensión que se ha larvado ha provocado en los últimos meses que todo movimiento alejado de la doctrina de la banda se esté efectuando con la mayor de las discreciones, según las mismas fuentes.
Todos los análisis apuntan al efecto que la ruptura de la tregua ha tenido sobre el colectivo encarcelado. El fin del diálogo con el Gobierno puso punto final a las esperanzas de muchos presos que creían en la viabilidad de un proceso que acabase con la violencia y permitiera una paulatina salida de prisión de los reclusos. Frustrada esa esperanza, los internos han interiorizando, además, la convicción de que la banda está sumamente debilitada y en manos de dirigentes «sin caché». Una sensación que se ha acrecentado por los golpes policiales a la estructura de ETA, que han abortado la mayoría de las campañas puestas en marcha por la organización terrorista.
El caso de Olano
Otro de los hechos recientes que ha suscitado un fuerte malestar ha sido la excarcelación del dirigente de Gestoras pro Amnistía y su sucesora Askatasuna, Juan Mari Olano, quien en marzo de este año abonó 30.000 euros de fianza en la Audiencia Nacional. El pago de la caución chocaba con las directrices de la propia banda, teniendo en cuenta que Olano, caracterizado por un discurso duro, ha sido uno de los rostros más significativos de las asociaciones de apoyo a los reclusos de ETA durante las últimas décadas. Según un experto policial, este tipo de casos ha creado «un agravio comparativo entre quienes mandan en los despachos y los 'curritos', que tienen que soportar condenas mucho más duras y se les exige aguantarlo todo, en condiciones que incluso rozan el absurdo».
Olano no ha sido el único en abonar la fianza para lograr la libertad de miembros de la izquierda aber- tzale condenados. También se han registrado casos entre los imputados del proceso 18/98. En los últimos meses, Olatz Altuna, Juan María Mendizabal, Elena Beloki, Javier Salutregi y Juan Pablo Diéguez han satisfecho un total de 36.000 euros por las cauciones que los jueces les habían impuesto.
Con este panorama de creciente enfado y ante la posibilidad de que surgieran disidencias en el colectivo de las cárceles, la cúpula de la banda decidió recordar a los presos las directrices de la organización, al mismo tiempo que aumentó el control de las prisiones, llegando a extender esa presión a los familiares que les visitan. Las fuerzas de seguridad han detectado, en este sentido, una serie de rondas llevadas a cabo por los abogados de la izquierda abertzale en las que han dejado claro a los internos que deben acatar las órdenes.
Los mensajes incluían mandatos expresos para que se olvidaran de toda tentación de buscarse otros letrados que les faciliten los trámites para reducir sus penas, acogerse a la reinserción o buscar beneficios personales. Todo ello, en un momento en el que la aplicación de la denominada 'doctrina Parot' -que obliga al cumplimiento íntegro de las penas- aleja cada vez más la salida de prisión para muchos terroristas.
La banda ha propuesto también a los presos que adopten determinados comportamientos durante los juicios. Así, según las fuentes consultadas, les piden que intenten negar la legitimidad de los tribunales españoles. Para ello, les recomiendan, por ejemplo, protagonizar incidentes en las salas de vistas insultando a los jueces, golpeando la cristalera de seguridad o mostrando actitudes de desprecio. Los reclusos, asimismo, tienen prohibido por la organización abonar fianzas, multas o las cantidades exigidas como responsabilidad civil. Tampoco pueden pedir la libertad provisional o reclamar permisos o cambios de grado penitenciario.
Según las fuentes consultadas, la coacción sufrida por los presos es muy alta. En el recuerdo de todos sigue presente el asesinato de María Dolores González Catarain, 'Yoyes', en septiembre de 1986, después de que se hubiera acogido a la reinserción.
