EDITORIAL
Desafío consumado
L a aprobación parlamentaria de la consulta propuesta por el lehendakari Ibarretxe gracias a un voto cedido por la izquierda abertzale convirtió ayer una iniciativa que por sí misma provoca división en un proyecto gravemente contaminado por la amenaza terrorista. Si nos atenemos a su literalidad, el propósito que perseguirían el Gobierno vasco y los partidos que lo componen sería preguntar a la ciudadanía sobre si está de acuerdo en apoyar un final dialogado de la violencia después de que ETA manifieste claramente su voluntad de renunciar a ella, y sobre si está conforme con que los partidos vascos negocien hasta alcanzar un acuerdo democrático que se someta a referéndum el año 2010. Estas dos preguntas, aparentemente equívocas u ociosas, encierran una carga letal para la vigencia del sistema constitucional y estatutario y para la convivencia entre diferentes opciones y sensibilidades en una Euskadi plural.
La primera pregunta se abstrae intencionadamente del hecho incontrovertible de que el terrorismo etarra no sólo no ha dado muestras de rectificar en su macabro empeño, sino que mantiene el firme propósito de quebrar la voluntad ciudadana y la legitimidad institucional mediante el asesinato político. Su texto ni siquiera demanda el fin del terror; sólo lo contempla como supuesto. Con lo que se sitúa muy lejos del clamor popular para que ETA desaparezca con la indudable finalidad de lograr ese único voto que EHAK prestó ayer a Ibarretxe para sacar su consulta adelante.
Por su parte, la segunda pregunta desecha, en su propia formulación, la existencia de un sistema constitucional y estatutario consolidado que ha permitido a la sociedad vasca desarrollar su autogobierno y compartir con el resto de los españoles la etapa democrática más libre y próspera que haya conocido nunca. Una consulta diseñada así es todo menos 'no vinculante', porque su mera celebración cortaría la cinta del inicio de una carrera sin fin hacia la soberanía, situando además a ETA en cabeza.
Subterfugio victimista
Los esfuerzos de Ibarretxe por presentar su iniciativa como una forma de «dar la palabra a la sociedad vasca» sólo sirven para subrayar la quiebra que la mera pretensión de tal consulta provoca en Euskadi y respecto al resto de España. Su propósito de situar la legitimidad que asiste a una decisión mayoritaria de la Cámara vasca por encima de la legalidad constitucional conduce, ya de entrada, a una situación insostenible en términos democráticos. Porque el sistema sólo puede funcionar si los distintos poderes del Estado y las diversas instituciones se someten en sus resoluciones a la última palabra del órgano jurisdiccional facultado para establecer la constitucionalidad o no de las normas. El Ejecutivo vasco logró ayer sacar adelante una ley cuya inconstitucionalidad está fuera de duda. Lo hizo a sabiendas de que el Gobierno la recurriría de inmediato y con la certeza de que el Tribunal Constitucional anulará tal norma. La sublimación del derecho a decidir, concibiéndolo de forma unívoca y absoluta, constituye el subterfugio victimista del que Ibarretxe trata de servirse para presentarse a unas autonómicas que no tiene más remedio que adelantar con la vitola de una coherencia sustentada en la huida hacia delante.
Iniciativa de confrontación
Pero el aspecto más censurable de la iniciativa que Ibarretxe logró que se aprobara ayer es la ventajista presunción de que sirve «para desatascar la situación de bloqueo político y de violencia», cuando lo que provoca es todo lo contrario. Como ocurriera con el pacto de Estella, primero, y al tramitar la primera versión del plan Ibarretxe, después, nadie puede pretender que aporta vías de solución a los desencuentros que lastran al País Vasco proponiendo fórmulas unilaterales o escoradas hacia el cumplimiento de las aspiraciones más marcadamente nacionalistas. Especialmente cuando éstas se inspiran en la necesidad de convencer al fundamentalismo terrorista. Pero lo que resulta verdaderamente hiriente es que el lehendakari insista en presentar su propuesta como una iniciativa de paz cuando la confrontación política que provoca su aventura constituye para ETA ese último aliento que la banda busca cada vez que se percata de su extrema debilidad y de su insignificancia política.
La pretensión de Ibarretxe de que su iniciativa responde a la demanda de una sociedad que quiere abrirse paso hacia el futuro es sencillamente falaz. Con la consulta ideada para el 25 de octubre próximo, que convocaría un referéndum en 2010, el lehendakari trata de zanjar las contradicciones que experimenta su propio partido conminando a la ciudadanía entera a una dinámica plebiscitaria presentada como una elección entre él y la nada. Son éstos, sin duda, los términos en los que Ibarretxe desea afrontar las elecciones cuya fecha de celebración él sólo conoce, pero cuya dilación, una vez que la ley aprobada ayer sea suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, se convertiría en un abuso más contra la dignidad que merecen las propias instituciones.
