El Correo Digital

«Vincular la consecución de la paz a la conquista de un nuevo estatus político es pervertir las reglas del juego democrático». Las palabras de la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, fueron recibidas con un caluroso aplauso por parte de los más de 500 damnificados por la violencia terrorista que participaron ayer en el segundo homenaje institucional que el Ejecutivo de Vitoria organiza para reconocer el papel de este colectivo. También aplaudieron los numerosos representantes institucionales y políticos que acudieron ayer al Palacio Kursaal de San Sebastián para acompañar a las víctimas, incluido el lehendakari Ibarretxe, que, esta misma semana, tras el asesinato a manos de ETA del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano -a quien los asistentes recordaron con un minuto de silencio-, aprovechó para insistir en que seguirá buscando una salida que permita acabar con la violencia y, al mismo tiempo, alcanzar acuerdos políticos que canalicen la reivindicación del derecho a decidir recogida en su 'hoja de ruta'.

En esta ocasión, fue Lasa la encargada de poner voz al mensaje institucional del acto, centrado en la deslegitimación del terrorismo, que contó también con la intervención del científico y ex consejero vasco Pedro Miguel Etxenike en representación de la sociedad civil, y de varias víctimas, entre ellas el guardia civil Leoncio Sáinz, que arrancó una de las mayores ovaciones del público al reivindicar el orgullo de pertenecer al instituto armado y el sacrificio que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hacen por la libertad. Una intervención en la estela de la inédita ofrenda floral que esta semana unió a ertzainas y guardias civiles en el Parlamento vasco.

El lehendakari Ibarretxe decidió permanecer este año en un segundo plano. Aunque no estaba previsto que interviniera, finalmente sí tomó muy brevemente la palabra para recalcar que actos como el de ayer deben servir de antídoto «contra el olvido» y para enviar un «abrazo emocionado» a los afectados. Su decisión de ceder el protagonismo a las víctimas no sirvió finalmente para evitar que tanto el PP como la organización mayoritaria de damnificados vascos, Covite, decidieran descolgarse del homenaje para manifestar la incoherencia que observan con la práctica diaria del lehendakari. Sí acudieron, en cambio, los líderes del resto de partidos vascos, una nutrida delegación del Ejecutivo de Vitoria y otros cargos institucionales. Ellos y los cinco centenares de víctimas llegados desde distintos puntos de España llenaron las primeras filas del 'cubo grande' del Kursaal, aunque buena parte de los asientos traseros quedaron vacíos en una soleada mañana donostiarra en la que se celebraba, a escasos metros, una concurrida maratón.

El ambiente estaba caldeado por la moción respaldada por el tripartito, Aralar y la izquierda abertzale que acusa al Gobierno de amparar a la Guardia Civil y a la Policía frente a las denuncias por torturas. Incluso, el presidente de la asociación catalana de víctimas, Roberto Manrique, entregó personalmente una carta a Ibarretxe para expresarle su malestar. No obstante, el acto no quedó ensombrecido por los vaivenes de los días previos y sirvió de altavoz a un potente mensaje en torno a la unidad democrática contra ETA, el histórico papel de las víctimas al no haber alentado nunca el enfrentamiento civil y el deber que una sociedad «moralmente responsable» tiene de priorizar la recuperación de las libertades por encima del impulso de determinados proyectos políticos.

La agenda

Ésa fue, precisamente, la idea central del discurso de Lasa, a menos de cuarenta y ocho horas de que Ibarretxe acuda a La Moncloa para ofrecer a José Luis Rodríguez Zapatero un acuerdo en torno a su plan soberanista que, según él, permitirá desbrozar el camino hacia el final de la violencia de ETA. Pero tuvo que escuchar, desde dentro de su propio Gobierno, las palabras de la viuda de Juan Mari Jauregi, que subrayó que a día de hoy en Euskadi «la agenda política que es preciso salvaguardar a toda costa es la agenda individual de todas las personas amenazadas». Porque, argumentó, recuperar la libertad para todos los ciudadanos es «condición imprescindible para ser un actor político con todas las garantías».

Tras expresar su preocupación por el riesgo de que la «resignación» ante el paisaje de «coaccción, escoltas y falta de libertad» que sigue dibujando ETA convierta a los vascos en un «pueblo indolente», Lasa se esforzó en trazar una nítida línea divisoria entre el final del terrorismo -que llegará, dijo, mediante la aplicación «justa y escrupulosa» de la ley- y los logros políticos, que deben ceñirse al ámbito del diálogo entre partidos. Mezclar ambos planos no sólo «pervierte» la democracia, dijo, sino que convierte a ETA en «notario» de la situación y «condena» a las víctimas a enfrentarse «dramáticamente al sinsentido de su dolor». «Y esto es inaceptable tanto política como moralmente», subrayó.

Lasa concluyó con un mensaje de esperanza, por varias razones. Por la fe de las víctimas en la «superioridad moral» del Estado de Derecho, porque «hoy es posible» un acto que hace quince años se hubiese tildado de «provocación» y «por el brillo de vuestra mirada, que apunta a un horizonte de paz y libertad».