La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, aseguró ayer que el Departamento de Justicia carece de «instrumentos legales» para poder ejecutar la pena impuesta por el Juzgado central de menores de la Audiencia Nacional a los jóvenes que profanaron la tumba de Gregorio Ordóñez, dirigente del PP asesinado por ETA en 1995 y al que hoy homenajeará el Parlamento vasco. Azkarate censuró que el Ministerio de Justicia aún no ha dado una respuesta definitiva a su propuesta de formalizar un convenio que permita aplicar la condena.
En respuesta a una pregunta del PP, Azkarate subrayó que la actual normativa atribuye a la Audiencia Nacional la competencia de juzgar los casos relacionados con un posible delito de terrorismo. En este caso, los menores fueron condenados a limpiar pintadas de kale borroka o de enaltecimiento a ETA de las calles de Euskadi. Según explicó Azkarate, el Gobierno vasco ha expresado en dos ocasiones al Ejecutivo central su voluntad de suscribir un convenio que le permita al ejecución de este tipo de condenas.