El Correo Digital

El próximo jueves, un grupo de jueces del Tribunal de la Unión Europea analizarán las posibilidades que tiene el País Vasco de mantener una de las características más singulares de su sistema de autogobierno: la posibilidad de aprobar impuestos distintos a los del Gobierno central. Más en concreto, la opción de tener, como sucede en la actualidad, un Impuesto de Sociedades -el que grava los beneficios de las empresas- más bajo que el del Estado. Es, en eso coinciden todos los expertos, el trance más complicado en el que se ha visto inmerso el Concierto Económico vasco desde su aprobación en 1981.

Las dificultades en la negociación del Concierto -observado por muchos como un auténtico privilegio del País Vasco, porque permite no sólo fijar los impuestos sino también recaudarlos-; los tira y afloja vividos durante casi 30 años en las renegociaciones de las que ha sido objeto; los conflictos judiciales sustanciados en España durante dos décadas, con el Impuesto de Sociedades colocado siempre en el ojo del huracán; y la beligerancia protagonizada por las comunidades autónomas limítrofes, que han visto siempre en la política fiscal vasca una amenaza para la deslocalización de empresas, se aprecian ahora como un 'juego de niños' en comparación con lo que se avecina.

Trascendente

En un único juicio, el Tribunal de Luxemburgo -la sentencia tardará varios meses en conocerse- tendrá capacidad para mantener o cercenar algo que se ha asumido como normal en el País Vasco -la posibilidad de aprobar un Impuesto de Sociedades- y que está perfectamente encajado en la mente de los responsables públicos de Euskadi como una de las armas más poderosas para diseñar políticas económicas e industriales propias. No es, aclaran los expertos, un juicio al conjunto del Concierto Económico, pero sí lo es al 'alma' de esta norma sobre la que se ha construido buena parte del desarrollo del País Vasco, especialmente en las dos últimas décadas.

Aunque la decisión de colocar la 'pelota' en manos del Tribunal de Luxemburgo ha correspondido oficialmente a otra instancia judicial, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo cierto es que ha existido también un impulso político por parte del PNV, el Gobierno vasco y las diputaciones forales, para recorrer este camino. Es una apuesta de riesgo, todos son conscientes de ello, pero existe una base jurídica sobre la que asentar la defensa del Concierto y hay también mucho interés en acabar, de una vez por todas, con los recursos judiciales de regiones como Castilla y León y La Rioja.

Esa base jurídica, el argumento de fuerza que va a esgrimir la representación vasca en la Corte de la UE es, precisamente, una sentencia de mediados de 2006 del propio Tribunal comunitario. El conocido como 'caso Azores' iluminó el camino de los juristas que tienen encargada la defensa de la fiscalidad vasca y abrió una puerta insospechada hasta entonces. Hasta esa sentencia, el Concierto había sufrido algunos 'arañazos' sin importancia y también un golpe descomunal, propinado, en España, por el Tribunal Supremo. A principios de 2005, el alto Tribunal había declarado ilegal el Impuesto de Sociedades vasco, al considerar que la legislación de la Unión Europea impedía la existencia de regulaciones fiscales distintas dentro de un mismo Estado, so pena de considerar que la de ámbito regional encubría una subvención ilegal.

Con aire portugués

El 'caso Azores' fue en su origen un litigio de impuestos que afectaba tan sólo a Portugal, pero terminó sentando una doctrina a medida para el caso vasco. Hay quien sospecha, incluso, que cuando el Abogado General formuló la teoría que más tarde sería asumida por la Corte, en la que se fijaban las tres condiciones que debe cumplir una región para aprobar impuestos diferenciados, estaba fijándose en el caso vasco para enmarcar el perfil de esas exigencias.